Hace tres décadas, se logró la ratificación internacional de la Convención de los Derechos del Niño (ONU, 1990). Chile adhirió a ella, en el año 1990. Este hito, marcó un punto de inflexión respecto de la promoción y protección de los derechos de las personas menores de 18 años a nivel internacional, sin embargo, en nuestro país esta declaración no alcanzó para provocar cambios profundos. A pesar de que dicha convención establece cuáles son los marcos éticos y legales en el cuidado de la infancia, y que supone el rol de garante de derechos para los Estados, niñas, niños y adolescentes siguen siendo objeto de invisibilización y maltrato en nuestro país, cuestión acentuada a partir de los hechos mostrados en medios de comunicación masivos y redes sociales durante la crisis social que vivimos.
Previo a la movilización actual, contábamos con datos de UNICEF del año 2012, que señalaban que el 71% de los niños y niñas en Chile, eran objeto de violencia por parte de su madre y/o padre, y que un 26% eran víctimas de maltrato físico grave. Por otra parte, el 2017 Fiscalía informaba que en el 70% de los delitos sexuales, las víctimas eran menores de 14 años. Estas cifras, muestran una porción mínima de la transgresión a la que son sometidos niños y niñas en Chile, saltándonos el principio ético fundamental que implica la prohibición de dañar a quienes son más vulnerables y están a nuestro cuidado.
En la actualidad, datos de la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, describen múltiples casos de apremios y amedrentamiento a la población infantil y adolescente por parte de Carabineros. Ejemplo de ello es la solicitud y acceso a los datos de un grupo de estudiantes que marchan en Aysén o la retención de un niño durante la noche, abandonándolo en un sitio lejano de su casa, en Valdivia. Lo que acontece, resulta aún más grave cuando se acompaña de cifras que evidencian claras irregularidades, en la actualidad 759 niñas, niños y adolescentes han sido visitados por el INDH en comisarías, comprobándose en la mayoría de los casos que no hay lectura de derechos ni constatación de lesiones, obligándoles además a compartir espacios cerrados con adultos detenidos. Por otra parte, 107 niñas, niños y adolescentes están siendo representados judicialmente por este organismo, al identificarse que fueron víctimas de tortura, tratos crueles y degradantes.
Hoy es urgente preguntarse, cómo generamos conciencia de que el maltrato a la infancia menoscaba la capacidad política y afectiva del ser humano en desarrollo, y que al mismo tiempo implica un presente y un futuro injusto para gran parte de la población.