Imagine que, debido a una epidemia repentina, los habitantes de un pueblo se convierten en rinocerontes y que el único que no sucumbe a tan curiosa mutación no es un individuo ejemplar, sino un sujeto taciturno, alcohólico y deprimido. Ese es el argumento de Rinoceronte (1959), una pieza teatral, escrita por Eugène Ionesco, sobre el avance de los totalitarismos en Europa y una alegoría de los mecanismos de propagación del contagio ideológico. La “rinoceritis” no es otra cosa que una infección vehiculada por emociones comunes (miedo, conveniencia, indiferencia o resignación), las cuales, si son exacerbadas, empujan a muchas personas (gente común y “gente de bien”) hacia la deshumanización, ajena y propia. La obra muestra cómo esas emociones son instrumentalizadas para promover el enfrentamiento social y reemplazar el imperio de la razón por la ley de la selva.
Rinoceronte es, sin duda, una pieza moralmente perturbadora. Pero, también porta un mensaje de esperanza. Bérenger –su protagonista– escapa al contagio porque decide resistir el instinto gregario, y reivindicar la razón y la libertad.
Escuchando los discursos en defensa de la reforma constitucional de seguridad, presentada por el gobierno, recordé esa obra. Sus promotores justifican la suspensión o afectación radical de derechos fundamentales (libertades, garantías de debido proceso y derechos sociales), con el pretexto de preservar el modo de vida de los chilenos. Hablan de una especie de sujetos liminares, no inscritos en ninguna estructura sociopolítica, que no sea de orden delictual. Su inclusión en listados (de organizaciones criminales o terroristas) pareciera ser, entonces, más que una medida operativa; cumple el rol de un estigma que habilita al Estado a tratarlos como si fueran “no personas” o “no chilenos”. En esos discursos, el mandato popular es frecuentemente evocado como una carta de triunfo. Un gobierno que dice actuar en nombre del pueblo estaría dotado, por ese solo hecho, de facultades proscritas en cualquier democracia liberal que se precie. Martín Arrau lo puso así: “preguntémosle a la gente si está de acuerdo o no en que haya más fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad, que tengan más medios para combatir”.
Escuchando los discursos en defensa de la reforma constitucional de seguridad, presentada por el gobierno, recordé esa obra. Sus promotores justifican la suspensión o afectación radical de derechos fundamentales (libertades, garantías de debido proceso y derechos sociales), con el pretexto de preservar el modo de vida de los chilenos. Hablan de una especie de sujetos liminares, no inscritos en ninguna estructura sociopolítica, que no sea de orden delictual. Su inclusión en listados (de organizaciones criminales o terroristas) pareciera ser, entonces, más que una medida operativa; cumple el rol de un estigma que habilita al Estado a tratarlos como si fueran “no personas” o “no chilenos”. En esos discursos, el mandato popular es frecuentemente evocado como una carta de triunfo. Un gobierno que dice actuar en nombre del pueblo estaría dotado, por ese solo hecho, de facultades proscritas en cualquier democracia liberal que se precie. Martín Arrau lo puso así: “preguntémosle a la gente si está de acuerdo o no en que haya más fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad, que tengan más medios para combatir”.
Pero, así no funciona el constitucionalismo. Sus reglas exigen justificar la legitimidad (racionalidad) de las limitaciones a derechos, no importa su titular, requieren explicar su idoneidad para resolver problemas concretos, mostrar que no hay vías alternativas igualmente eficaces, y que la ecuación elegida equilibra adecuadamente costos y beneficios sociales.
Como Bérenger, conviene recordar el fundamento de esas reglas: “Tenemos una filosofía que los animales no tienen, un sistema de valores irreemplazable. ¡Siglos de civilización humana lo construyeron!”. Eliminar derechos allana los caminos, como cuando se elimina las piedras de un pavimento. Pero cuando llueve, sin esas superficies de agarre, todos podemos resbalar y caer.
Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile