Reducir los gases de efecto invernadero (GEI) es uno de los mayores desafíos ante el cambio climático. Aunque suele asociarse al transporte o la energía, la edificación también es clave: según el Global Status Report 2024, los edificios generan el 34 % de las emisiones globales de CO₂ y consumen el 32 % de la energía. La construcción, por tanto, es un actor crucial en la transición hacia un desarrollo sostenible.
Chile ha avanzado con la reglamentación térmica y los Estándares de Construcción Sustentable para Viviendas, promovidos por el MINVU. Aunque estos últimos no son obligatorios, representan un paso importante. Sin embargo, reducir emisiones exige más que eficiencia energética: también requiere repensar los materiales.
Para cumplir con la carbono neutralidad al 2050, compromiso asumido por Chile en el marco del Acuerdo de Paris, es clave desarrollar una industria nacional de materiales sustentables. Además, se necesita una política de ecoetiquetado que guíe decisiones de proyectistas, constructoras y usuarios. Hoy, la ausencia de un sistema consolidado de declaraciones ambientales (DAP) dificulta conocer el verdadero impacto de lo que edificamos.
Adicionalmente, incorporar sistemas de prefabricación podría mejorar la productividad en obra y disminuir residuos, otro factor clave en la contabilización de la huella de carbono de una edificación. A esto se debe sumar la necesidad urgente de integrar la gestión de residuos en el ciclo constructivo, promoviendo la reutilización, el reciclaje y la valorización de los desechos. Transformar residuos en nuevos materiales de construcción, mediante procesos sostenibles e innovadores, abre la puerta a una verdadera economía circular en la construcción.
Construir con conciencia ambiental no es una moda, es una necesidad. No basta con mejorar la eficiencia energética de los edificios; debemos conocer y transformar el modo en que elegimos los materiales. Para lograrlo, necesitamos combinar voluntad política, investigación académica, innovación industrial, información transparente y compromiso ciudadano.
