La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UACh, realizó una reunión académica centrada en el análisis crítico de la criminalización del suicidio femicida en Chile, específicamente del artículo 390 sexies del Código Penal.
La instancia reunió a especialistas en derecho penal y teoría jurídica y a estudiantes. Participaron, el profesor del Instituto de Derecho Público UACh y responsable de la coordinación académica de la actividad, Dr. Gustavo Beade; el abogado Dr. Juan Pablo Mañalich (U. de Chile); la profesora Gissella López (UDP), el director del Instituto de Derecho Público UACh, Dr. José Ángel Fernández; la profesora ayudante, Gabriela Manzano; el estudiante del Doctorado en Derecho, Renato Lira y los estudiantes Gustavo Prieto y Claudia Obando, quienes reflexionaron sobre los fundamentos dogmáticos, las tensiones metodológicas y los desafíos interpretativos que presenta esta figura penal recientemente incorporada al ordenamiento jurídico.
El profesor Beade dijo, “durante la jornada discutimos las diferencias entre la metodología dogmática tradicional y aproximaciones más contextuales para comprender este tipo penal, poniendo especial atención en la distinción entre acciones lógicamente primarias y secundarias, así como en la compleja delimitación entre agencia causal y responsabilidad penal imputable”.
Las y los participantes analizaron críticamente la dificultad de establecer con claridad el límite entre víctima y agente en contextos de violencia de género, especialmente en casos en que el suicidio aparece como desenlace de una dinámica prolongada de violencia.
“Uno de los ejes centrales del debate fue la naturaleza del delito de causación feminicida del suicidio y su ubicación dentro del sistema penal, contrastándolo con figuras como los delitos de lesión y los delitos de peligro abstracto. Asimismo, examinamos la aplicación del principio de intervención voluntaria y los criterios de imputación objetiva y subjetiva, considerando la especial vulnerabilidad de las víctimas y las exigencias probatorias que impone el respeto a las garantías penales”, explicó el académico.
Agregó, que el análisis incluyó la revisión de casos paradigmáticos que han marcado el debate público y jurídico, como el caso de Antonia, así como la discusión crítica de otros ejemplos complejos utilizados en la doctrina. “En este contexto, se plantearon interrogantes relevantes sobre la equidad en la aplicación del tipo penal, incluyendo la posibilidad y las implicancias dogmáticas de su utilización en casos con distribución de género inversa”.
Las y los académicos también reflexionaron sobre la influencia de factores culturales y sociales en la comprensión de la violencia de género y su impacto en la imputación penal, advirtiendo sobre los riesgos de una interpretación excesivamente amplia o populista del tipo penal. En este sentido, se subrayó la necesidad de evitar condenas infundadas, reforzando estándares rigurosos en materia de causalidad, dolo e imputación objetiva.
Como resultado de esta reunión, el equipo definió una hoja de ruta académica que contempla la reescritura y profundización de trabajos en curso, la elaboración de publicaciones conjuntas con equipos de investigación especializados y la presentación de estas reflexiones en futuros seminarios y espacios académicos.