Durante años, la educación superior en Chile ha sido tratada principalmente como una política social, lo que ha permitido ampliar el acceso y reducir brechas relevantes. Sin embargo, en regiones, su rol va mucho más allá. Universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica no solo forman capital humano, sino que constituyen uno de los principales activos económicos territoriales. Son grandes empleadores, pilares de actividad productiva, nodos de innovación y espacios donde se articula buena parte del desarrollo regional. Ignorar esa dimensión tiene costos que no siempre aparecen en el debate nacional.
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