Antiguamente, los mineros descendían con un canario a las profundidades de las minas de carbón. La sensibilidad del ave a los gases, alertaba sobre peligros invisibles. Esta imagen, que representa a quienes advierten los problemas antes que se manifiesten en toda su magnitud, también grafica el rol de nuestra universidad, expuesta tempranamente a una crisis que hoy atraviesa a todo el sistema universitario, en especial a las instituciones regionales, afectadas por reformas que no contemplaron mecanismos adecuados para garantizar su sostenibilidad financiera.
La gratuidad permitió el acceso de miles de estudiantes a la educación superior, sin contraer onerosas deudas como el CAE. Pero el nuevo modelo de financiamiento no consideró el costo real de la formación e impuso un sistema de acreditación centralizado y homogéneo, con estándares ajenos a las realidades locales, elevando los costos operativos y profundizando el estrés financiero.
Durante 2024, distintas universidades siguieron el mismo camino: declararse en crisis y aplicar procesos de “reestructuración”. Así, fuimos el canario que advirtió el problema y también el modelo para enfrentarlo: despidos masivos, ajustes administrativos unilaterales y detrimento en las condiciones laborales y académicas.
Aunque el Ministerio de Educación anunció la modificación de los aranceles regulados a partir de 2026, esto ocurrirá en un escenario marcado por tasas de natalidad por debajo de las tasas naturales de reemplazo de la sociedad. Así la reducción de la matrícula potencial seguirá afectando desproporcionadamente a las universidades regionales, exponiendo una crisis de financiamiento que es, inevitablemente, estructural.
Desde esta incómoda posición surge la oportunidad de generar vías de acción que incluyan la participación real de la comunidad en la búsqueda de soluciones colectivas a problemas estructurales complejos. Nuestro programa de gobierno universitario sigue esta idea, poniendo en el centro a la comunidad universitaria para superar la crisis. Reconocemos la trayectoria institucional de la UACh y confiamos en fortalecerla a través de una gestión transparente, participativa y respetuosa. Proponemos la actualización gradual de los Estatutos, integración de criterios de equidad territorial y mejor articulación entre sedes y facultades. Todo en el marco de un modelo de desarrollo financieramente responsable, que preserve nuestro patrimonio y entienda a docentes y trabajadores como parte del mismo.
De nuestra experiencia podemos rescatar una certeza: la gestión de universidades regionales complejas, post gratuidad y acreditación obligatoria, no puede seguir anclada en procesos que dependan de la buena voluntad y la costumbre. Es imperativo avanzar hacia una modernización de la gestión, con herramientas de acceso a la información que agilicen la toma de decisiones y optimicen los recursos. Una planificación financiera que diversifique las fuentes de ingreso, mediante fondos concursables, programas de formación continua y transferencia tecnológica. Con modelos de costeo por facultad y de evaluación de carreras basados en criterios que resguarden y valoren el quehacer académico en todas sus dimensiones, fortaleciendo el sentido de comunidad, mejorando el bienestar y el clima laboral.
En definitiva, la recuperación de nuestra universidad exige armonizar sostenibilidad, compromiso territorial y excelencia académica. Para lograrlo, necesitamos confianza, transparencia y participación genuina, aprendiendo de experiencias internacionales y reconociendo el saber existente en nuestra comunidad.
Fuimos el canario que advirtió el peligro, también podemos ser quienes tracen una vía alternativa basada en principios compartidos, decisiones transparentes y respeto por quienes conforman la comunidad universitaria. Es posible hacer las cosas de otra manera.
Maite Castro, candidata a Rectora UACh 2025-2029.
Javier Campos, académico, Facultad Filosofía y Humanidades UACh.
maitecastro.cl
Propuesta de Programa Gobierno 2025 – 2029