Estos tiempos marcados por el riesgo global y sus impactos en los sistemas sociales han reafirmado diversos supuestos respecto a las fortalezas de las capacidades institucionales de los países para responder con cierto grado de efectividad a escenarios turbulentos. Hemos observado, por ejemplo, que no todos los gobiernos han actuado con liderazgos proactivos y que hay una asimetría muy importante entre los estados para dar respuesta eficaz a la contingencia.
Es probable que la perspectiva del tiempo permita realizar una evaluación más completa sobre la actuación de los gobiernos ante la pandemia y, desde allí, poder establecer aprendizajes que permitan no sólo dimensionar la importancia de la gestión de riesgos, sino especialmente generar modelos de gestión estratégica que permitan planificar y reducir la complejidad de la incertidumbre. En tal sentido, se hace evidente, por ejemplo, que en nuestro país las instituciones públicas requieren una profunda mirada prospectiva de su quehacer.
Las evidencias que ha generado la actuación de los sistemas públicos en el país nos permiten advertir algunas cuestiones que no deben ser obviadas ni minimizadas al fragor de la coyuntura electoral. Más bien son esenciales para una los debates necesarios que deben caracterizar los tiempos venideros.
En primer lugar, la fuerza de las circunstancias vividas nos ha permitido reafirmar la noción de que el Estado cuenta. Los sistemas públicos han estado cumpliendo un rol fundamental en la tarea de mitigar y enfrentar con ciertos grados de éxito la pandemia. Ello, a pesar de diversas problemáticas asociadas a históricos déficits en sus procesos de gestión, financiamiento y recursos humanos.
En segundo lugar, se ha ido recuperando la noción de un grado de centralidad del Estado que es necesario revisar y adecuar a las complejidades sociales del tiempo actual. El Estado ya no puede volver a la normalidad pre – covid, ello significaría no abordar la urgente necesidad de plantearnos, como oportunidad, realizar un cambio profundo en las culturas organizacionales instaladas y en las estructuras de poder que desde hace tiempo están limitando la innovación. Una nueva centralidad implica lograr una robustez para la innovación y no un mero crecimiento exponencial de la burocracia.
En tercer lugar, esta innovación debe ser de carácter anticipatoria, entendida como aquella que explora y se implica en cuestiones emergentes que pueden dar lugar a futuras prioridades, y tiene frecuentemente el potencial de subvertir los paradigmas existentes. (OCDE, 2020).
Sostener que la modernización del Estado puede complementarse por la vía de amplificar en forma sostenida el gasto público sin una potente innovación orientada a la mejora y a una robusta capacidad anticipatoria, es una receta probada para lograr ineficiencia en el gasto y con ello no resolver problemas de fallas de mercado y de equidad.
Lograr un nuevo modelo de gobernanza pública para los tiempos de incertidumbre es un desafío de envergadura, el cual no se puede abordar en forma satisfactoria mediante fórmulas gastadas, como reducir el Estado a su mínima expresión, o generar inestabilidades del sistema con cargo a los recursos fiscales.
El Estado cuenta, por ello los cambios a introducir en la deriva pública deben ser concentrados y reflexivos con sentido prospectivo.