Han transcurrido ya tres semanas desde que la Contraloría General de la República dio a conocer un desorden financiero de gran magnitud en el sector público. En el período 2020–2024, 73 entidades públicas presentaron abstención de opinión en las auditorías de sus estados financieros, involucrando $15,9 billones en recursos. Sin embargo, en los últimos días el tema ha ido perdiendo espacio en la agenda, como si se tratara de un problema administrativo, cuando en realidad constituye una señal de mayor gravedad institucional.
Más allá del impacto político inmediato, el significado técnico de esta señal merece una lectura más profunda. En auditoría, una abstención de opinión no equivale a afirmar que las cifras estén mal. Significa algo más delicado: no existe evidencia suficiente y adecuada para validar su razonabilidad. En términos simples, el auditor no puede determinar si los estados financieros reflejan o no la realidad. Cuando este resultado se vuelve masivo y reiterado, el problema deja de ser contable y se transforma en institucional.
Desde una perspectiva económica, el costo de esta situación es concreto. Presupuestos elaborados sobre bases informativas débiles dificultan la evaluación del gasto, erosionan la capacidad de reasignar recursos con criterios de eficiencia y aumentan el riesgo de decisiones subóptimas. En otras palabras, la calidad de la política fiscal depende de la calidad de la información financiera, un vínculo que suele darse por descontado, pero que este episodio pone en entredicho.
La comparación con el sector privado ayuda a dimensionar la magnitud del problema. En ese ámbito, una abstención de opinión suele traducirse en restricciones de financiamiento, aumento del costo de capital y pérdida de credibilidad ante inversionistas y reguladores, efectos que pueden resultar letales para cualquier empresa. En el sector público, en cambio, no existe un mecanismo automático equivalente. El riesgo no desaparece: se traslada a la calidad del gasto, a la confianza ciudadana y a la sostenibilidad de las decisiones fiscales en el tiempo, más aún cuando se trata de recursos que provienen de los impuestos de todos los chilenos.
Hoy, y también ayer, la responsabilidad fiscal ocupa un lugar central en el discurso público. Incluso, si se mira algunos meses atrás, en su última Cuenta Pública el Presidente enfatizó la importancia de la probidad, la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, ese énfasis contrasta con una señal técnica relevante conocida en diciembre. El orden fiscal no descansa únicamente en discursos, metas macroeconómicas o ajustes presupuestarios, sino también en mecanismos que aseguren un control interno efectivo y permitan evaluar la calidad de la información financiera.
El contexto actual ofrece una oportunidad relevante. Más allá de las diferencias programáticas, existe un espacio amplio para avanzar en una agenda transversal de fortalecimiento de la contabilidad pública y de los sistemas de control financiero del Estado. No es una cuestión ideológica, sino una condición básica para que el debate fiscal tenga sustento empírico. El informe de la Contraloría no apunta a un error puntual ni a un solo período; da cuenta de debilidades persistentes. Ignorar esa señal implica discutir disciplina fiscal sobre un terreno frágil.
Si la calidad de los estados financieros no se aborda como una prioridad, la disciplina fiscal corre el riesgo permanente de quedar reducida al plano del discurso, más que consolidarse como una práctica efectiva de gestión pública. Un riesgo que no debiera perderse de vista.