Hay preguntas que un país no puede dejar de hacerse. Sin duda, una de ellas es qué valor crea el conocimiento que se financia con recursos públicos.
La pregunta es legítima. Allí donde hay fondos públicos debe haber justificación pública. Las universidades, los centros de investigación y los programas científicos no están por encima del escrutinio ciudadano. Precisamente porque cumplen una función relevante, deben explicar qué hacen, qué producen y qué capacidades dejan instaladas.
Pero una pregunta necesaria puede desviarse cuando se responde con una métrica demasiado simplificadora. Si toda investigación se evalúa solo por los impactos económicos inmediatos que genera, se confunde una expresión del valor con el valor mismo.
En este contexto, la creación de empleo importa, qué duda cabe. Importa moral, social y económicamente. Una política de investigación desconectada del trabajo, la productividad y los problemas reales del país sería difícil de defender. Ahora bien, los empleos de calidad no aparecen por simple voluntad administrativa. Aparecen cuando una sociedad acumula conocimiento, forma personas, mejora instituciones y aprende a transformar ideas en soluciones.
Antes de crear empleo sofisticado, un país debe aprender a hacer cosas complejas.
Debe saber medir, diagnosticar, diseñar, programar, investigar, innovar, regular, construir, interpretar y corregir. Esa infraestructura invisible no siempre aparece en una planilla anual, pero es una condición esencial del desarrollo duradero.
En Chile, esto no es una abstracción. Un laboratorio regional que mide suelos en una zona afectada por sequía, una base de datos sobre incendios, un sistema de vigilancia epidemiológica o una investigación sobre disponibilidad hídrica pueden no crear empleos al mes siguiente. Pero pueden evitar errores costosos durante años, orientar inversiones, anticipar riesgos y mejorar la calidad de las decisiones y políticas públicas.
Chile no tiene exceso de conocimiento. Tiene un déficit significativo de capacidades para transformarlo en innovación, productividad y mejores políticas públicas. Somos uno de los países de la OCDE que menos invierte en I&D, solo un 0,4% del PIB, mientras que el promedio es 2,7%.
El valor estratégico de la investigación no reside solo en sus productos inmediatos, sino en las capacidades que permite acumular.
Por eso la discusión no debiera presentarse como una oposición simple entre gasto académico y necesidades ciudadanas. La pregunta correcta es, ciertamente, más exigente y refiere a responder qué conocimiento merece financiamiento público, bajo qué reglas, con qué evaluación y con qué contribución al país.
El peor camino sería elegir entre la complacencia universitaria y la contabilidad reduccionista. La primera protege mediocridades; la segunda destruye capacidades. Una política seria debe evitar ambos errores, puesto que no puede blindar todo lo que se presenta como investigación, pero tampoco puede reducir el valor del conocimiento a su retorno económico.
Nadie sabe de antemano qué descubrimiento será fecundo. Esa intuición, cercana a Hayek, sigue siendo decisiva, ya que el conocimiento está disperso y la innovación opera como descubrimiento, no como simple ejecución de un plan. Una política que solo financia aquello cuyo resultado ya puede anticiparse deja de financiar exploración y comienza a financiar repetición.
Por eso, como ha insistido Philippe Aghion, innovar exige ecosistemas capaces de experimentar, competir, aprender y corregir. La innovación no nace únicamente de programas, subsidios o discursos. Requiere investigación seria, educación exigente, apertura empresarial, circulación de talento, financiamiento paciente y un Estado capaz de sostener ciertos bienes públicos que el mercado, por sí solo, no siempre provee.
La innovación es una cultura antes que un indicador. Y una cultura de innovación se construye exigiendo más a las instituciones que producen conocimiento, esto es: más calidad, más conexión con el país y más capacidad de traducir descubrimiento en valor público. No se trata de financiar por inercia ni de defender privilegios. Se trata de distinguir entre gasto improductivo y capacidad estratégica.
Esa distinción exige mejores instrumentos. La evaluación de la investigación pública debiera diferenciar por tipo de proyecto, seguir las capacidades que cada instrumento crea y fortalecer la conexión entre universidad, empresa y Estado. De hecho, desde hace ya varios años existen en Chile mecanismos que incorporan evaluaciones económicas y de impacto en determinados instrumentos de financiamiento científico, particularmente en concursos orientados a centros e iniciativas de investigación aplicada, lo que da cuenta de una preocupación institucional previa respecto de la contribución y proyección de estas inversiones públicas.
No se evalúa del mismo modo una investigación básica, un centro tecnológico, un laboratorio de salud pública, un programa de innovación regional, una obra histórica, una investigación jurídica o un estudio aplicado a una política estatal. Cada instrumento debe juzgarse por su propia promesa de valor, sea por ejemplo: producir ciencia de excelencia, transferir conocimiento, formar capital humano, generar impacto territorial, construir datos confiables o mejorar decisiones públicas. Medir bien no significa medir todo con la misma regla.
Un libro, una tesis, una base de datos, un archivo o un experimento no son necesariamente lo contrario de la productividad. Pueden ser sus condiciones remotas, pero necesarias. Allí
donde no hay conocimiento acumulado, no hay innovación duradera; hay importación de soluciones ajenas, dependencia técnica o un simple entusiasmo pasajero.
Chile necesita invertir mejor en investigación y desarrollo. Eso supone cerrar programas que no funcionan, corregir incentivos, evitar capturas y exigir estándares internacionales. Pero también exige fortalecer aquello que crea capacidades, con universidades más conectadas con los problemas del país, empresas más dispuestas a absorber conocimiento y un Estado capaz de evaluar sin asfixiar, orientar sin sustituir el juicio experto y exigir sin simplificar.
La pregunta decisiva no es si una investigación produjo crecimiento o empleo en el corto plazo. La pregunta es si ayudó a crear el tipo de país donde los empleos valiosos, las instituciones inteligentes y las innovaciones duraderas puedan llegar a existir.
La investigación debe rendir cuentas. Pero una sociedad que solo reconoce el valor cuando ya aparece como impacto económico visible entenderá demasiado tarde que la innovación empieza mucho antes; justamente, en aquellos países y lugares en los que el conocimiento se cultivó con paciencia e inteligencia.
