Como Director de un Instituto universitario dedicado al área de la salud mental, tenemos la responsabilidad de junto con desarrollar la formación en áreas de pre y postgrado en nuestra materia, la investigación y llevar a cabo estrategias de extensión y vinculación con el medio, que tengan un ámbito de responsabilidad social, es decir, que puedan servir directamente a la comunidad en la que como centro formador podemos tener influencia, tenemos también una función de sensibilización.
Siendo la Universidad Austral de Chile una Institución con una larga historia de desarrollo y vinculación con su entorno y considerando que hemos desarrollado una iniciativa orientada a la detección precoz e intervención temprana de los trastornos del ánimo y de la conducta suicida, conocida como «Alianza Chilena Contra la Depresión (ACHID)», nos corresponde también poner bajo la luz pública, situaciones que atentan contra los derechos humanos de los pacientes afectados por alguna dolencia del área de la salud mental.
En este sentido tenemos que informar que durante las últimas 3 semanas han fallecido 2 pacientes, que esperaban ser hospitalizados por grave sintomatología relacionada con trastornos mentales, a quienes se les había indicado junto a sus familias la necesidad de hospitalización en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional de Valdivia. Uno de ellos estaba desde marzo esperando cama y falleció por consecuencias directas de su enfermedad y el otro falleció por suicidio hace una semana.
Como especialistas, sabemos que la hospitalización es el último recurso antes de realizar intervenciones médicas farmacológicas, psicoterapéuticas y de apoyo a la red social de un paciente, pero existen casos como los anteriores que su única salida es una hospitalización breve, para reorganizar el tratamiento, potenciar factores protectores y respaldar tanto al paciente como a su familia.
Los pacientes de la salud mental son lejos las personas más discriminadas en el sistema social, lo que se demuestra en la escasa inversión de presupuesto en los programas de salud mental y de prevención que el estado destina. Con los pocos recursos destinados se han hecho verdaderos milagros en el país y podemos estar orgullosos de muchas iniciativas asociadas al tema, pero no podemos desconocer las serias falencias en las regiones de dispositivos adecuados para realizar las intervenciones más efectivas.
El hecho que dos pacientes hayan fallecido por no poder contar con los recursos más básicos, que tiene que ver con camas en la salud mental, con un atentado a sus derechos humanos más fundamentales y una franca discriminación tanto pública como privada, donde los seguros de salud tienen que ser obligados a través de prestaciones GES para cubrir estas patologías , que son mínimas, e independiente de esto la falta de gestión y coordinación en una temática de tanta importancia.
Algunos datos que fundamentan lo que planteamos:
Desde el año 2006 a la fecha la reforma penal ha permitido que el 55% de las camas psiquiátricas, que en la región son 20, han estado ocupadas con pacientes de origen judicial y no de la red de salud local. Las tasas de suicidio de la región han crecido en forma alarmante desde el año 1996 a la fecha desde tasas de un 4,5 x 100.000 habitantes a 16 x 100.000 habitantes el 2008, es decir, se han triplicado, lo que implica que tengamos mayor demanda por casos de intentos de suicido graves, que si son hospitalizados en una primera instancia y por un tiempo no muy extenso, es posible regular esa conducta y salvar a esas personas.
Queremos aprovechar de expresarles a las familias de los pacientes fallecidos nuestra congoja y sentido pésame, lamentando profundamente que su situación de salud no sea prioritaria para el sistema, con muchas actitudes de discriminación, que afectan sobre todo a familias de menores recursos, que no tienen otras opciones.
Los pacientes de la salud mental son lejos los pacientes más discriminados por el sistema, tanto público como privado, lo que demuestra claramente nuestro subdesarrollo en este aspecto. Existen iniciativas y muchas dependencias de las redes de salud han sido mejoradas en su calidad e infraestructura, pero para la realidad nacional, es absolutamente insuficiente. Existen hoy un grupo importante de profesiones y no profesionales del área trabajando en condiciones de alto riesgo y muy precarias.
Hacemos un llamado a las autoridades regionales y nacionales, a los diputados y senadores de la República a revisar y promover estrategias que vayan realmente a ayudar a los miles y miles de pacientes de la salud mental que no están recibiendo una atención digna ni adecuada. Que se promuevan leyes que permitan a través de un financiamiento real apoyar las estrategias efectivas que ya existen, pero que no reciben el financiamiento necesario. Se han creado comisiones nacionales y regionales por la defensa de los pacientes de la salud mental, lo que es una buena iniciativa, pero sigue siendo sólo un barniz que recubre la verdadera realidad de este tema en Chile.
Estamos dispuestos a colaborar y ayudar en este desarrollo, pero esto no será suficiente si nuestras propias autoridades elegidas no cumplen con agilizar los procesos para ir mejor en ayuda de los más necesitados, sin perder de vista que cualquier persona durante su vida, puede sufrir algún trastorno relacionado con la salud mental.
Dr. Méd. Tomas Baader
Médico psiquiatra
Director Instituto Neurociencias Clínicas
Facultad de Medicina
Universidad Austral de Chile