El 1 de mayo de este año coincide con dos hechos que conviene mirar juntos. El primero es la entrada en vigencia, el pasado 26 de abril, de la segunda etapa que reducirá la jornada ordinaria a 40 horas semanales en abril de 2028. El segundo es el ciclo recién iniciado por el gobierno de José Antonio Kast, cuya agenda económica apunta en sentido contrario: flexibilidad, reducción de cargas al empleador y ajuste fiscal. Al presentar el proyecto de Reconstrucción Nacional, el ministro de Hacienda declaró que “la mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo”. La frase no parece casual: expresa una orientación programática explícita.
Aquí aparece la tensión de fondo. El gobierno recibe una arquitectura laboral heredada —Ley de 40 Horas, reforma previsional, Ley Karin— que en las actuales correlaciones del Congreso no podrá desmontar por vía legislativa. La salida elegida es otra: revisar los criterios interpretativos de la Dirección del Trabajo y empujar la flexibilidad por la vía de acuerdos empleador-trabajador. Es una opción legítima, pero tiene un costo: deja fuera el modelo de diálogo social tripartito -gobierno, empresarios, sindicatos- que la OIT y buena parte del mundo desarrollado proponen como el camino más eficaz hacia el “trabajo decente”.
El escenario laboral, además, ha cambiado. La economía de plataformas consolidó una formalidad precaria, y la inteligencia artificial está reconfigurando tareas a velocidad inédita, con efectos previsibles sobre las brechas y la alfabetización digital. Cualquier programa serio en materia de empleo tiene que tomar posición frente a ese escenario, no esquivarlo.
El problema, entonces, no es ideológico. Es jurídico y político: administrar una agenda laboral que el gobierno no diseñó que no se alinea con su programa. Las leyes recientes traen consigo institucionalidad propia, dictámenes, jurisprudencia incipiente, expectativas creadas. Cuesta imaginar cómo se sostiene esa operación y además con buenos resultados para el mercado del trabajo, en ausencia de señales claras de disposición al diálogo social con las organizaciones sindicales.
Un pacto que equilibre la libertad empresarial, el fomento a la innovación y la protección al trabajo subordinado no se decreta sólo desde la política fiscal. Requiere conversación e instituciones que la canalicen. Conviene tenerlo presente este 1 de mayo.
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