En el debate sobre los caminos posibles para pensar la transformación social que se exige como parte de un nuevo pacto, uno que se tome en serio las demandas de la gente, está la Renta Básica Universal (RBU). La RBU es una propuesta que garantiza a cada persona el pago regular de una suma de dinero de manera incondicional, es decir, sin necesidad de probar la falta de medios económicos y con independencia de un trabajo remunerado.
En varias partes del mundo, distintas propuestas de RBU han ganado atención en los últimos años, como el experimento finlandés, el referéndum suizo y, más recientemente, los debates de RBU en Corea, India, e incluso Estados Unidos. En cambio, esta discusión ha sido prácticamente ajena a la región latinoamericana, con la excepción brasileña de la Ley sobre Renta Básica de Ciudadanía y un experimento piloto que se iniciará en la ciudad de Maricá.
En Chile el debate sobre la RBU recién está comenzando. Y sin embargo, en el contexto de crisis actual puede jugar un rol fundamental para restaurar la confianza perdida de la gente en las instituciones democráticas mediante una mejora real en la situación de las y los más desfavorecidos. La RBU pretende garantizar un piso económico y social suficiente para que todas las personas recuperen la dignidad y un igual estatus político y social, que como resultado de años de políticas sociales regresivas se ha ido erosionando.
La particularidad de la RBU, que la distingue de otras políticas condicionales, es que el Estado se compromete activamente a satisfacer un piso mínimo sin condiciones, y al hacerlo, se compromete también a confiar en las personas restableciendo su respeto. Así, cualquiera sean los términos de un nuevo contrato social para Chile, éste tiene que restaurar el sentido de confianza de la ciudadanía en sus instituciones políticas y la RBU se presenta como la encarnación práctica de este ideal.