El biólogo y ecologista Garret Hardin publicó en 1968 en la revista Science un reflexivo ensayo sobre la problemática del crecimiento de la población en un mundo de recursos finitos, el cual se caracteriza por ser especialmente ilustrativo es su visión sobre los recursos naturales de uso colectivo, tales como el aire y el agua. En el escrito, Garret se refirió por primera vez a la denominada “tragedia de los comunes”, la cual predice que dichos recursos inevitablemente derivarán en una sobreexplotación, siendo a largo plazo destruidos o agotados.
Él ejemplifica su idea con un grupo de ganaderos que trabajan sus predios, quienes, aumentan progresivamente el número de animales a fin de aprovechar la productividad de los pastos, esto sin mayor preocupación por la utilización excesiva o agotamiento de los campos. ¿Por qué uno de los ganaderos no toma acción y reduce el número de sus animales? Bueno, básicamente porque nada le asegura que los otros ganaderos harán lo mismo y solo perderá la oportunidad de hacer un buen negocio, aunque esta sea acotada en el tiempo. En el caso de la pesca pasa algo similar, no existe un incentivo a la explotación sustentable que asegure que el esfuerzo será recompensado y que todos los actores de la actividad pesquera aportarán a ello.
Esta es la razón por la cual los recursos acuáticos, en general, deben ser administrados. Se necesita que el Estado entregue directrices claras para su extracción, es decir, determine aspectos como el tamaño, periodo y cantidad de biomasa que se extraerá. En este contexto cabe preguntarse ¿Debe el Estado regular toda la actividad pesquera? Sí, podría, pero los niveles de gasto en fiscalización serían enormes.
La Premio Nobel de economía el 2009, Elinor Ostrom, dedicó gran parte de su vida para recorrer el mundo y encontrar ejemplos de sustentabilidad en la explotación de los recursos naturales. Ella halló un punto común: las economías autorreguladas eran capaces de ser sustentables. El manejo adaptativo, que modifica las reglas de extracción dependiendo de las condiciones ambientales o abundancia del recurso, parecía ser que tenía buenos efectos. Asimismo, el co-manejo de los recursos donde se comparten las responsabilidades entre los usuarios y el Estado parece ser también una buena solución. Básicamente, si no se involucra a los usuarios y no hay una toma de conciencia del problema, seguiremos teniendo una tragedia con nuestros recursos.
Esperemos que en la futura nueva Constitución se dé un marco legal apropiado para salvaguardar nuestros recursos pesqueros y la salud de los océanos. La pronta derogación de la Ley de Pesca y su remplazo por una que aseguré mayor sustentabilidad en los recursos debería ser una prioridad. En esta línea, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura ha comenzado a convocar a universidades, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, científicos y científicas nacionales para participar en encuentros macrozonales por la nueva Ley de Pesca. Esto lo necesitamos urgentemente. En el último reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), emitido hace algunos meses sobre el estado de la pesca y la acuicultura, nuestra región presenta uno de los mayores niveles de sobreexplotación y colapso pesquero en el planeta.
Columna de opinión Dr. Luis Miguel Pardo.
PhD en Biología y académico del Doctorado en Biología Marina de la Universidad Austral de Chile.
Director de la Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile
Investigador Antártico Centro IDEAL-UACH, Instituto de Ciencias Marinas y Limnologías.
Columna publicada en www.latercera.com. Visitar sitio AQUÍ.