El 1 de junio, en su última Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric aseguró que la Estrategia Nacional del Litio será “un nuevo sueldo para Chile”, clave de la transición verde del país. Sin embargo, el entusiasmo chocó pronto con las denuncias de opacidad en el acuerdo Codelco-SQM y en las nuevas concesiones de Maricunga y los Salares Altoandinos: la Comisión Investigadora de la Cámara y varios informes periodísticos apuntan a negociaciones “a espaldas de la ciudadanía”. La paradoja es evidente: las promesas socio-ambientales valen poco si los datos que las respaldan no se verifican con el mismo rigor que los estados financieros.
Desde 2023, la Norma de Carácter General N.º 461 obliga a los emisores de valores a presentar información integrada, financiera y ESG, alineada al marco IIRC y a las métricas SASB. El avance es real, pero el aseguramiento externo sigue siendo voluntario; la propia CMF reconoce que la NCG 461 “no exige la verificación de terceros”. El resultado es heterogéneo y deja amplio margen al greenwashing. Las cifras lo confirman. El estudio 2025 de IFAC muestra que el 73 % de las grandes compañías del G20 obtuvo aseguramiento sobre parte de sus divulgaciones de sostenibilidad en 2023, frente al 69 % del año previo. Fuera del G20, el informe Beyond the G20 muestra que solo el 47 % de las empresas revisadas tuvo alguna verificación en 2022, y el alcance tiende a estrecharse.
Chile, pese a ser pionero regional, comparte esa fragilidad: la mayoría de las empresas omite la verificación o se limita a unos pocos indicadores ambientales, sin un marco que permita distinguir rigor de mercadeo. El mundo, en cambio, sube la vara. En la Unión Europea, la CSRD exige que la información sostenible sea sometida al menos a limited assurance y prevé elevar ese estándar en el futuro. En Chile, la CMF ya anunció que los nuevos estándares IFRS S1 y S2 regirán a partir de los reportes 2026, pero la obligación de asegurar aún no figura en el reglamento. Al mismo tiempo, la Ley 21.595 amplió la responsabilidad penal por información económica y ambiental falsa, estrechando el cerco legal para directorios y ejecutivos.
El debate trasciende al mandatario saliente. A menos de cinco meses de la primera vuelta del 16 de noviembre de 2025, el aseguramiento ESG debería ser parte de todos los programas presidenciales. La ex alcaldesa Evelyn Matthei, una de las principales cartas de la oposición, ha hecho de la disciplina fiscal una bandera y propone recortar US$ 6.000 millones del gasto público; credibilidad presupuestaria y veracidad de los datos ESG son, en definitiva, caras de la misma moneda.
Para cerrar la brecha emerge una necesidad latente: crear un Índice de Calidad de Aseguramiento que mida cobertura, alcance y rigor de las verificaciones ESG, alineando ISAE 3000, AA1000 e ISSA 5000. Un instrumento de este tipo daría al mercado una brújula para separar la paja del trigo y al regulador un termómetro objetivo para enfocar la supervisión. No se trata de engrosar la burocracia, sino de dotar de contenido la transparencia que inspira la NCG 461.
Chile tiene una oportunidad histórica de demostrar que el valor del litio, y de cualquier negocio verde, no se mide solo en utilidades, sino en la confianza que generan sus datos. Esa confianza no se declara; se construye con información pública, comparable y verificada. El deber de reportar ya está cumplido; falta el deber de asegurar. La próxima gran discusión será si basta con el limited assurance o si el país debe aspirar, más temprano que tarde, a un reasonable assurance equivalente a la auditoría financiera. Continuará.
