Un estudio Fondecyt sobre 193 causas judiciales muestra que, antes de protagonizar conductas que dañan a otros, la mayoría de los niños y niñas que llega a Tribunales de Familia ya había sido víctima de violencia. Tratarlos como un solo grupo es un error de diagnóstico que la política pública sigue cometiendo.

Mientras en Chile se discute bajar la edad de responsabilidad penal y aumentar las penas para adolescentes, hay una pregunta que casi nadie hace: ¿qué sabemos, con evidencia, sobre los niños y niñas que antes de cumplir 14 años protagonizan conductas que en un adulto constituirían delito?

Llevo dos años y medio investigando esa pregunta con financiamiento de ANID, a través del proyecto Fondecyt de Iniciación N.º 11240951, que analizó 193 expedientes de Tribunales de Familia entre 2022 y 2024. La primera conclusión debiera cambiar el tono de la discusión: cuando un niño o niña llega a tribunales por una conducta de este tipo, es muy probable que antes haya sido víctima de violencia en distintos tipos y niveles: intrafamiliar, negligencia, maltrato o abuso. La conducta que motiva la judicialización aparece, en la mayoría de los casos, después de la vulneración de sus derechos, y no como punto de partida.

Los números lo confirman: un 51,3% vivió o presenció violencia intrafamiliar, un 42,5% fue víctima de negligencia física o psicológica, un 42% tenía un padre no corresponsable de su crianza y un 40,4% sufrió maltrato escolar. Y al sumar los nueve tipos de victimización registrados en los expedientes, el 83,9% de los casos, 162 de 193, presentaba al menos uno. Dos de cada tres acumulaban dos o más; casi la mitad, tres o más.

Conviene decirlo con precisión: los expedientes judiciales documentan bien aquello que motiva la intervención del Estado, de modo que estas cifras describen a la población que efectivamente se judicializa, no a todos los niños con problemas de conducta; y lo que registra el expediente es un piso, no una medición exhaustiva de lo vivido. Aun con ese resguardo, el patrón es demasiado consistente para ignorarlo. El problema no es inherente al niño: está en su contexto de desarrollo y en las instituciones que debieran cuidarlo. Persisten, sin embargo, discursos que responsabilizan al niño o niña de un problema social vinculado a la violencia estructural, que sigue sin ser abordado con la celeridad y la eficiencia que requiere. La segregación territorial, la situación de precariedad de quienes ejercen el cuidado y el debilitamiento de la escuela son condiciones que el Estado produce o tolera, y luego el mismo Estado responde al resultado con herramientas penales dirigidas hacia los niños y niñas.

No es un bloque homogéneo

Hay un segundo hallazgo que debiera pesar todavía más en el diseño de cualquier política: esta población no es un bloque homogéneo. El estudio permite identificar al menos tres grupos distintos.

Un 42% presenta un riesgo y por lo tanto una necesidad de protección moderados, con presencia de adversidad familiar y social acotada. Otro 42% concentra un riesgo y una necesidad de protección altos, con adversidades que se acumulan en casi todos los ámbitos del desarrollo: familia, escuela, salud mental, vulnerabilidad territorial, y con intensidades que en algunos indicadores superan el 90% de los casos.

El tercer perfil es minoritario y muy distinto a los anteriores: un 16% marcado por victimización ocurrida fuera del hogar: abuso sexual, violencia comunitaria, ser víctima de delitos comunes, sin el daño familiar que caracteriza al grupo anterior. Es una trayectoria compuesta casi exclusivamente por niñas. No se trata de una característica propia de las niñas, sino de un recorrido específico que una mirada sin enfoque de género habría pasado por alto, ignorarlo es diseñar políticas a ciegas.

Investigación que no llega a la política

El Estado de Chile financia cada año investigación científica de calidad. Sería fundamental que quienes producimos esta información fuéramos consultados mediante algún mecanismo estable, más allá de las publicaciones científicas, antes de impulsar iniciativas elaboradas desde la reacción y no desde la respuesta. De lo contrario, la evidencia queda como un libro precioso en una biblioteca.

A esto se suma un problema de gestión judicial que la discusión pública tampoco está mirando: no existen bases de datos integradas para la infancia que permitan caracterizar a esta población más allá de la lógica del expediente, un instrumento diseñado para resolver la causa, no para diseñar política pública.

Tribunales saturados, equipos precarizados

En el trabajo de campo observé la situación de los Tribunales de Familia: sus profesionales atienden causas extremadamente diversas y complejas, casi todas ligadas a la violencia. Están saturados de causas y sin recursos suficientes.

Tampoco cuentan con lineamientos comunes para abordar, de manera diferenciada, las causas por conductas transgresoras tempranas, ni con una oferta programática que permita responder de forma especializada y oportuna a las distintas complejidades de estos casos.

Y detrás de esos tribunales hay equipos en estado crítico: profesionales que trabajan con niños y niñas bajo contratos inestables, muchas veces a honorarios, sin oportunidades de capacitación y sin ninguna política que cuide su propio bienestar al trabajar con violencias. En mi Región de Los Ríos he visto cómo deben trasladarse, sin recursos suficientes, a atender a niños, niñas y familias en territorios muy alejados. Falta pertinencia territorial en la política pública, y es posible construirla junto a los equipos de trabajo, a los científicos y organizaciones que nos interesa la infancia , escuchando las necesidades.

Llegar antes

En síntesis: la mayoría de estos niños y niñas fue vulnerada en sus derechos antes de llegar a tribunales, y no conforman un grupo único: son trayectorias distintas según el género y el tipo de adversidad. Frente a eso, aumentar penas y bajar la edad de responsabilidad penal no es apenas atacar el síntoma en lugar de la causa: es responder a un problema mal diagnosticado.

La evidencia respalda algo distinto: intervención temprana, diferenciada según experiencias de adversidad y género, con coordinación real entre familia, escuela, salud y justicia, y con una institucionalidad que sostenga tanto a la infancia como a quienes la cuidan.

La pregunta, entonces, no debiera ser solo cuánto sancionar, sino por qué seguimos llegando tarde.