Según datos del XXIII Informe Anual de Derechos Humanos elaborado por el MOVILH, el año 2025 los derechos humanos de la población LGBTIQ+ han retrocedido por primera vez desde el retorno a la democracia en Chile y se observa además aun aumento de los casos y denuncias por homo/transfobia en un 78%.
¿Dónde quedan los Principios de Yogyakarta como marco de interpretación de la norma internacional en materia de derechos humanos? Estos principios refieren que la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso.
Sin embargo, el retroceso informado por el MOVILH nos indica que en la práctica nos seguimos rigiendo socialmente por una matriz heteronormada que traduce nuestras diferencias en desigualdades, donde el colectivo que disiente del esquema de referencia es interpretado como ininteligible y como toda persona rebelde de la norma dominante esta es trasladada a una cadena de restricciones, acceso a derechos, a buen trato, al goce de su libertad y la dignidad como medida de disciplinamiento.
A modo de contexto global, más de un tercio de los países del mundo aún tienen leyes que consideran como delito los actos sexuales entre personas del mismo sexo, pese a que se trata de actos con consentimiento entre personas adultas y aunque se trate de leyes que no se apliquen en la práctica su sola existencia contribuye en generar climas de discriminación respecto de la vida privada de las personas por la vía de la estigmatización, perpetuando prejuicios, chantajes e intimidación.
Como respuesta a lo anterior, la UACh forma parte de la Comisión de Igualdad de CRUCh y de la Comisión de Género de la Red de Universidades Públicas no Estatales (G9), donde estos nudos críticos son abordados a profundidad y prueba de ello es que contamos desde el año 2022 con nuestra Política de Igualdad de Género, Diversidades y Disidencias Sexuales y de Género, la que marca la pauta institucional para abordar el criterio de convivencia, equidad de género diversidad e inclusión que será evaluado por la Comisión Nacional de Acreditación el año 2028.
