Con el objetivo de definir acciones conjuntas de incidencia y abogacía para avanzar en el reconocimiento efectivo de este derecho, ONU Derechos Humanos en América del Sur organizó un encuentro sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Chile.
La actividad, que se realizó en las oficinas de ONU Derechos Humanos, en Santiago el 24 de julio, reunió a expertos y expertas de Facultades de Derecho del país, entre ellos el profesor asociado del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas UACh y Director Núcleo DISCA, Dr. Pablo Marshall, así como representantes de la Asociación de Conservadores y Notarios Públicos.
El encuentro permitió definir los ejes prioritarios para armonizar la legislación chilena con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el país.
Durante la jornada, los y las participantes coincidieron en la importancia de avanzar hacia el reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Convención. Se destacó la urgencia de reformar el ordenamiento jurídico nacional para garantizar el respeto a la autonomía, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, teniendo como punto de entrada la reforma al Código Civil.
La reunión se inició con las palabras del representante de ONU Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, seguidas de una exposición a cargo de María Soledad Cisternas, exenviada especial del secretario general de las Naciones Unidas en materia de accesibilidad y expresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
También participaron expertas internacionales de Argentina y Perú, quienes expusieron experiencias comparadas y buenas prácticas en la materia. Asimismo, académicos y académicas de distintas universidades del país, junto con el vicepresidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, presentaron análisis y propuestas sobre los principales desafíos y oportunidades para avanzar hacia un modelo de toma de decisiones basado en apoyos.
Este espacio representó un avance significativo en la generación de consensos y en la formulación de propuestas concretas orientadas a una reforma legal que asegure el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Chile, en estricta consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
La capacidad jurídica, entendida como la aptitud de toda persona para ser titular de derechos y obligaciones, constituye un requisito esencial para el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Su relevancia se acentúa en el caso de las personas con discapacidad, particularmente al momento de adoptar decisiones fundamentales relacionadas con su salud, educación y vida laboral.