Un análisis sobre la sanción jurídica aplicable a las cláusulas abusivas en el derecho del consumo chileno desarrolló el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, Diego Nichi, en un comentario de jurisprudencia publicado en la Revista Chilena de Derecho Privado, en coautoría con la profesora María Elisa Morales, académica de la Universidad Alberto Hurtado.
El trabajo, titulado “Sobre la sanción a las cláusulas abusivas en el derecho del consumo chileno”, aborda la sentencia de la Corte Suprema, Rol N.º 34.713-2023, que calificó como abusiva una cláusula de aceleración del plazo contenida en un contrato de mutuo hipotecario. El fallo resulta especialmente relevante debido a que aborda el debate doctrinal en torno a la naturaleza de la ineficacia contemplada en el artículo 16 de la Ley N.º 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC), estableciendo que dicha sanción corresponde a una nulidad absoluta.
A partir del análisis de los hechos del caso, las principales posiciones doctrinales y la evolución de la jurisprudencia nacional, los autores sostienen que la decisión de la Corte Suprema es parcialmente correcta, particularmente porque construye su respuesta a partir del derecho vigente. En este sentido, destacan el carácter de orden público del control de las cláusulas abusivas y la posibilidad de integrar de manera coherente las disposiciones de la LPDC con el régimen general de la nulidad, sin recurrir a construcciones judiciales de lege ferenda.
El profesor Diego Nichi, quien dicta el optativo Regímenes Especiales de Responsabilidad Civil, explica que el interés del trabajo radica en examinar críticamente las consecuencias jurídicas que produce la declaración de abusividad de una cláusula contractual y en revisar cómo este problema ha sido abordado tanto por la doctrina como por los tribunales.
“El fallo de la Corte Suprema es especialmente relevante porque toma posición respecto de una discusión que durante años ha generado distintas respuestas en la doctrina y en la jurisprudencia. Nuestro análisis busca determinar hasta qué punto esa solución resulta compatible con el sistema de protección al consumidor y con las reglas generales de la nulidad en nuestro ordenamiento jurídico”, indicó Nichi.