Los proyectos surgen de años de formación, trabajo colaborativo y creatividad. Luego viene la ardua tarea de conseguir financiamiento competitivo, muchas veces limitado e inestable. Una vez aprobado el proyecto, toca ejecutar: recolectar datos, analizar, interpretar. Finalmente, tras horas meses frente al computador, escribimos el artículo, lo discutimos, lo corregimos.
Cuando por fin logramos tener un manuscrito listo para compartir con la comunidad científica y la sociedad, aparece un nuevo obstáculo: las tarifas por publicación que exigen muchas revistas de acceso abierto. Estos costos pueden superar en promedio fácilmente los 2.000 o 3.000 dólares por artículo, pero las tarifas para las revistas más reputadas están arriba de los 10.000 dólares. En Chile, como en muchos países, esa cifra representa una porción importante del presupuesto total de un proyecto o incluso un monto inalcanzable si no hay financiamiento adicional.
Esta realidad es profundamente injusta. Los investigadores aportamos las ideas, hacemos el trabajo y, en muchos casos, también revisamos los artículos de otros de forma gratuita para las editoriales. ¿Por qué además debemos cubrir los costos de publicación, especialmente si el objetivo es abrir el conocimiento al mundo?
Es urgente repensar el modelo. Es fundamental valorar y fortalecer las revistas científicas que no cobran por publicar, muchas de ellas impulsadas desde universidades, centros de investigación o sociedades científicas. Estas publicaciones cumplen un rol clave en democratizar la ciencia, especialmente en América Latina.
Como país, debemos avanzar hacia un sistema centralizado de pagos para publicación en revistas de acceso abierto, a través de convenios nacionales con editoriales o fondos específicos administrados por agencias públicas. Ya existen experiencias exitosas en Europa y otros países que han negociado tarifas justas o incluso acceso abierto sin costo para los autores, gracias a acuerdos con grandes editoriales.
Si queremos una ciencia abierta, inclusiva y comprometida con el bien común, debemos garantizar que quienes investigan puedan compartir sus hallazgos sin enfrentar barreras económicas.
