El reciente informe de la Contraloría General de la República, relativo a las acciones del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Servicio de Evaluación Ambiental y Superintendencia del Medio Ambiente referente a sus roles en la regulación y fiscalización de actividades en la industria salmonicultora nacional, abre una ventana a la forma en que el Estado se relaciona con la industria y las grandes brechas que existen en dichas materias.
Si bien el informe muestra acciones puntuales en las cuales los entes involucrados no han llevado a cabo sus responsabilidades, se dan luces de problemas de fondo en la institucionalidad relativa a la producción de salmón, segundo producto de exportación después de los derivados de la minería. El marco regulatorio nacional en temas de salmonicultura ha crecido de forma lenta, siendo reactivo al avance de la industria, la cual en muchos ámbitos se ha autorregulado. El análisis del documento, sumado al conocimiento directo de la industria, permite identificar el punto clave en el cual el estado debe avanzar; es necesaria una regulación unificada entre los entes del Estado. Lo anterior permitiría una coordinación de las acciones en un marco común para el Estado, las empresas y la sociedad.
Por otro lado, permitiría suplir la clara necesidad de personal calificado por parte de los entes fiscalizadores. El informe revela que, si bien las empresas entregan los antecedentes al estado, los plazos en los cuales estos son analizados no se condicen en muchos casos, con los plazos en la regulación. La falta de coordinación se hace crítica en proyectos que se localizan en cercanías a áreas protegidas, zonas de gran valor para la sociedad.
Los recursos del estado son escasos para las inspecciones que el mismo gobierno establece. Un ejemplo es que el Servicio Nacional de Pesca cuenta sólo desde septiembre del 2020 con una lancha para la fiscalización de la acuicultura. Considerando la relevancia de la industria, su gran extensión en la zona sur del país y el impacto de los accidentes en la misma, es difícil imaginar una situación como esta.
Se debe reconocer que la industria salmonicultora es uno de los motores del sur del país. Ha aportado al crecimiento de múltiples ciudades y localidades en las cuales no había opciones de trabajo previo a la llegada de la misma. Sin embargo, su crecimiento ha sido inorgánico sin una proyección y control a largo plazo del impacto de la industria en el medio ambiente. Es una industria que debe trabajar en su licencia social, que muestre a la ciudadanía sus prácticas y las medidas que toma para mejorar sus procesos y como trabaja para ser una industria sustentable.
En el momento en que el país se prepara para una nueva constitución, la regulación de una industria que hace uso extensivo de espacios fiscales debiese ser incluida. Más aún, como se ha venido planteando desde unos años, la creación de un Ministerio de Pesca y Acuicultura es clave, tal como existen carteras para Minería y Agricultura, actividades críticas para el crecimiento del país.
La realidad es que la salmonicultura es clave para el desarrollo nacional. Es la actividad más eficiente en generación de proteína animal, mantiene miles de empleos directos e indirectos, es motor en procesos de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento y proyecta su crecimiento acorde al crecimiento de la población mundial. Lo anterior exige un marco regulatorio unificado y entes estatales con recursos humanos y económicos acorde a su relevancia.