El pleno de rectores y rectoras además revisó un documento sobre lineamientos para establecer políticas de igualdad de género en las universidades y un informe referido al impacto financiero de la crisis sanitaria en las universidades, que se calcula en $185.263 millones de pesos para el año 2021.
La decisión del Ministerio de Educación de no renovar en su cargo a la actual Secretaria General, María Elena González, fue uno de los principales temas abordados este jueves en la sesión N°627 del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH).
En este contexto, se informaron las diversas gestiones lideradas por el vicepresidente ejecutivo del CRUCH, rector Juan Manuel Zolezzi, y el vicepresidente ejecutivo alterno, rector Ignacio Sánchez, en el sentido de solicitar a las autoridades pertinentes que se revierta dicha decisión y expresar públicamente la posición del CRUCH.
Las autoridades universitarias reiteraron que no hay una razón fundada para la no renovación del nombramiento, puesto que las evaluaciones de desempeño de la Secretaria General son excelentes. El rector Zolezzi dijo que “se trata de un cargo de confianza y es muy relevante para el buen funcionamiento del Consejo de Rectores y, por lo mismo, hace varias semanas solicitamos una reunión para dialogar con el ministro de Educación, Raúl Figueroa”.
En el transcurso de la sesión se comunicó al pleno que el ministro de Educación había respondido durante la mañana y que recibirá a los rectores la próxima semana.
Igualdad de género
En el encuentro también se analizaron los principales contenidos del documento “Lineamientos para establecer una política de igualdad de género en las universidades”, elaborado por la Comisión de Igualdad de Género del CRUCH.
La rectora encargada de la Comisión de Igualdad de Género, Natacha Pino, destacó el trabajo de la comisión y de las universidades, al respecto señaló que “todas las universidades del CRUCH han ido avanzando en estos temas, en instalar sus protocolos, en ir fortaleciendo las direcciones de igualdad o equidad de género”. Además, planteó que en el contexto de la Ley N° 21.369, que regula el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en el ámbito de la Educación Superior, publicada el pasado 15 de septiembre, tiene mayor urgencia que las universidades sigan avanzando en este ámbito.
En tanto, la presidenta de la comisión de Igualdad de Género, Antonia Santos, señaló que desde que se creó la comisión en el año 2018, todas las universidades del CRUCH “han traspasado un umbral importante”, que dice relación con “tres acciones que han hecho bien: las universidades conocen cuales son las brechas de género de la institución, todas disponen de un grupo humano e infraestructura, y todas cuentan con protocolos para atender la violencia de género”. La presidenta de la comisión sostuvo que “estos tres hitos dan cuenta de la voluntad política que ha habido por parte de los rectores y las rectoras que integran el CRUCH”.
Con respecto al documento en sí, Santos explicó que tiene 3 ejes, “el primero se refiere a la necesidad de institucionalizar las unidades de género, el segundo trata sobre cómo proceder para impregnar a la universidad de elementos que contribuyan a favorecer y asegurar la igualdad de género. El tercer eje se refiere a cómo prevenir, atender y erradicar la violencia”.
Con respecto a la nueva ley N° 21.369, la presidenta de la comisión indicó que “las universidades deben revisar sus protocolos para avanzar hacia una mirada más integral, pero yo diría que estamos bien preparados para ello, pues tenemos buenos protocolos y buenos equipos”.
Impacto financiero del Covid-19
Por otro lado, las rectoras y rectores aprobaron el informe sobre el impacto financiero de la emergencia sanitaria y social del Covid-19 en las universidades del CRUCH.
El informe, presentado por la vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la U. de Chile, Heidi Berner, fue elaborado por la Comisión Económica del CRUCH, cuyos rectores encargados son Carlos Saavedra, de la U. de Concepción, y Darcy Fuenzalida, de la U. Técnica Federico Santa María.
El informe entrega datos sobre los menores ingresos percibidos por las casas de estudios, el comportamiento de los gastos durante el ejercicio presupuestario 2021, y una comparación con la ejecución presupuestaria 2020.
Durante el 2021 las universidades del CRUCH han dejado de percibir un monto superior a los $141 mil millones de pesos, debido a los menores recursos obtenidos por concepto de arancel y matrícula pregrado; la aplicación del artículo 108 de la Ley N° 21.091 de Educación Superior; la disminución de los ingresos de posgrados; la reducción de actividades de formación continua y de cooperación académica y menores ventas de servicios. En 2020 las instituciones dejaron de percibir $228.354 millones de pesos.
Respecto a los gastos, debido a la pandemia, durante el presente año las universidades del CRUCH han destinado $62.668 millones de pesos para solventar gastos vinculados a la adecuación del funcionamiento institucional, enfrentar la crisis sanitaria e implementar la semi-presencialidad. En 2020, estos gastos sumaron $75.402 millones de pesos.
Por otra parte, esta misma situación ha generado ahorros debido a la suspensión de actividades presenciales por un monto agregado de $18.688 millones de pesos en 2021; mientras que en 2020 el monto en este ítem fue de $55.793 millones de pesos.
Considerando estas tres categorías, el impacto financiero de la pandemia en las universidades del CRUCH durante 2021 es de $185.263 millones de pesos. El año 2020 fue de $247.963 millones de pesos. Considerando lo anterior, a la fecha el impacto total asciende a $433.226 mil millones de pesos.
Proceso de admisión 2022
Otro de los temas analizados por el pleno del Consejo fue el Proceso de Admisión 2022, a través de una presentación de la Comisión de Admisión y Matrícula del CRUCH, a cargo del rector de la U. Católica del Maule, Diego Durán.
En la presentación realizada por Ruth Candia, quien preside esta Comisión, se informó del trabajo realizado con el Sistema de Acceso del Mineduc, así como del análisis interno referido a los ingresos especiales, la vía de habilitación pedagógica y las carreras técnicas.
En la ocasión se analizó, especialmente, la propuesta para un tercer periodo de matrícula, frente a lo cual los y las rectoras coincidieron en la importancia de que aspectos como éste se encuentren claramente regulados, con normativas transparentes y de público conocimiento. También se abordó la necesidad de contar con mecanismos que desincentiven las prácticas que puedan lesionar el sistema en su conjunto y su credibilidad.