La noticia de que el Servicio de Impuestos Internos quiere crear un Registro Público de Intermediarios Tributarios ha despertado inquietud en los gremios de abogados y contadores. Se ha dicho que la entidad se estaría excediendo en sus atribuciones y que estaría regulando por resolución algo que solo podría hacer el legislador. La preocupación es legítima y merece respuesta, pero creo que la alarma está mal dirigida. Lo que el SII propone no es un cerrojo a la profesión: es un sello de confianza. Y va en la dirección correcta.
Conviene partir por lo que la iniciativa efectivamente es. Se trata de un programa de participación voluntaria. Nadie queda obligado a inscribirse, nadie que decida no hacerlo pierde el derecho a asesorar, y la actividad no queda reservada a quienes figuren en el registro. Quien hoy presta asesoría tributaria podrá seguir haciéndolo mañana, esté o no en la lista. Lo que cambia es que el contribuyente tendrá, por primera vez, una referencia pública que le permita distinguir a los profesionales que se comprometieron con un código de buenas prácticas —legalidad, transparencia, respeto y colaboración— de quienes prefieren no hacerlo. Eso no restringe el mercado: le agrega información.
Y la información es precisamente lo que hoy falta. El mercado de la asesoría tributaria sufre de una asimetría profunda. Una micro o pequeña empresa que necesita ordenar sus impuestos rara vez está en condiciones de evaluar la idoneidad técnica o ética de quien la asesora. Confía, firma y delega el manejo de información contable y tributaria sensible en un tercero cuya competencia no puede verificar. Cuando esa confianza se deposita mal, el costo no lo paga el asesor improvisado: lo paga el contribuyente, con multas, intereses y contingencias que muchas veces descubre demasiado tarde. Un registro público que exija un estándar mínimo de formación, experiencia y actualización reduce esa asimetría, del mismo modo en que la reducen tantos otros registros y certificaciones que damos por evidentes en actividades donde hay un interés público comprometido.
No estamos, además, inventando nada exótico. España mantiene desde 2019 un Código de Buenas Prácticas de Profesionales Tributarios, construido en un foro conjunto entre la Agencia Tributaria y los colegios profesionales, con adhesión voluntaria y publicación de los adheridos. Se inscribe en el modelo de relación cooperativa que la propia OCDE promueve: transformar la histórica lógica de confrontación entre fisco, asesor y contribuyente en una de colaboración, con reglas claras y previsibles. Chile llega tarde, no temprano, a esta conversación.
Vale la pena tomarse en serio las dos objeciones de fondo. La primera sostiene que fijar requisitos de acceso por resolución administrativa invade una materia propia de ley. Pero ese argumento aplica a la habilitación obligatoria de una profesión, no a un sello voluntario al que uno se adhiere si quiere. El registro no prohíbe ejercer a nadie ni reserva la actividad; solo reconoce públicamente a quien acepta comprometerse con un estándar. Confundir un reconocimiento opcional con una barrera de entrada es precisamente el error que conviene evitar.
La segunda objeción apunta a que exigir tres años de experiencia y una evaluación anual se parece más a un control de competencias que a una simple adhesión ética. Y es verdad. Pero ahí está justamente el punto: un sello que no exige nada no protege a nadie. Si el registro se limitara a recoger firmas de buena voluntad, sería decorativo. Que pida experiencia mínima y actualización periódica es lo que le da valor a la señal que entrega al público, y lo que convierte la inscripción en algo que vale la pena exhibir.
Hay, por último, un beneficiario silencioso que rara vez aparece en el debate: el propio profesional serio. Contadores y abogados que se forman, se actualizan y trabajan apegados a la ley compiten hoy en igualdad de condiciones aparentes con operadores informales que ofrecen atajos, esquemas agresivos o derechamente fraudulentos. Un registro visible premia a quienes hacen las cosas bien y los diferencia de quienes erosionan la confianza en toda la profesión. No debería sorprender que el Colegio de Contadores haya valorado estas instancias de colaboración e invocado los estándares internacionales de IFAC: el instrumento se está construyendo con los gremios, no contra ellos.
La pregunta relevante, entonces, no es si el SII se está extralimitando. Es si queremos un mercado de asesoría donde el contribuyente no tenga cómo distinguir la competencia de la improvisación. Yo prefiero uno donde sí pueda. El registro es perfectible —el proceso de consulta abierto existe justamente para eso—, pero la respuesta correcta a una buena idea con detalles por afinar es mejorarla, no bloquearla.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de la Fac. de Cs Jurídicas y Sociales UACh.