En política es una virtud iniciar un ciclo de reformas con más certezas que incertidumbres, por más mínimas que estas sean. El reciente anuncio sobre las 15 competencias de 4 ministerios que serán transferidas por decreto presidencial a los gobiernos regionales, trae consigo precisamente eso, certezas. ¿Es suficiente? Probablemente no y veremos en las próximas semanas un arduo debate sobre lo que falta para que sea un proceso óptimo. Pero a lo menos, esta medida presidencial resuelve dos problemas en torno al proceso de descentralización y nos deja un desafío.
El primer problema que resuelve es que permitirá partir el proceso el 6 de Enero del año 2021 con un piso mínimo de atribuciones a los gobernadores regionales, que les dará la posibilidad de tener un ejercicio político de “gobierno experimental” para nuestro diseño institucional. Puede parecer una posición conformista aceptar este mínimo de atribuciones, pero no podemos aspirar a más cuando la “reforma política” que dio origen a este diseño consideró la figura de un delegado presidencial regional que convivirá con los gobernadores regionales. Ese pecado original ya no se puede eliminar, por ello es que estas 15 competencias parecen suficientes para iniciar esta “etapa experimental” para el desarrollo regional.
El segundo problema que se resuelve con esta medida, es que se confirma que las elecciones se realizarán el año 2020, como consecuencia, se minimizan los deseos portalianos de retrasarlas, a pesar de toda la incomodidad que genera en varios sectores políticos. No pocos veían con buenos ojos retrasar las elecciones apelando a varios factores políticos o académicos como garantizar la “unidad nacional, modernizar el Estado”, etc, etc. Al menos con esto se recibe un mensaje político de que la democratización regional se concretará el año 2020.
¿Qué es lo que falta? A los ya “archimencionados” argumentos de potenciar los recursos regionales quiero sumar uno que me parece esencial, especialmente a la luz de la convivencia que deberán tener las nuevas autoridades regionales con las autoridades regionales designadas. Como ya he señalado en columnas anteriores, uno de los problemas que se acrecentarán ente ambas autoridades serán los de coordinación política.
Para consolidar los procesos de descentralización se requiere un conjunto de eficientes relaciones intergubernamentales, no basta con alcanzar la autonomía política en un territorio, dado que si no se producen mejores prestaciones de servicios públicos, mejores políticas públicas y mejor uso de los recursos fiscales, puede generar la sensación ante la ciudadanía de que el proceso de descentralización es más ineficiente que el modelo que se propuso reemplazar.
De esta manera, la ausencia de mecanismos de coordinación política en las reformas y en las medidas anunciadas, representa un déficit al cual hay que ponerle atención. En las experiencias de descentralización en américa latina y sus evaluaciones, se ha dicho suficiente al respecto, enfatizando que el gran problema ha sido concebir la descentralización sólo como autonomía y no como una oportunidad de mejorar las relaciones de los niveles de gobierno que intervienen en un territorio.
Es altamente posible que dada la convivencia entre autoridades regionales electas y designadas, se produzcan problemas de coordinación que perjudiquen el proceso de descentralización las cuales se acrecentarán en la medida que se transfieran competencias desde ministerios a regiones, por lo tanto, se hace necesario anticipar la solución a dichas problemáticas. En columnas anteriores, he señalado que urge instalar instancias de coordinación político regional que en este periodo experimental ayuden a minimizar estas problemáticas (https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/12/23/descentralizacion-politica-2020-un-problema-y-una-propuesta/).
En resumen, es una buena noticia el anuncio de transferir estas 15 competencias a los gobiernos regionales, dado que permite iniciar con algo más de certezas esta “etapa experimental” de la descentralización. Pero aún es tiempo para el desafío de enfrentar el problema de la falta de coordinación política que se dará a escala regional, las relaciones intergubernamentales son igual de relevantes que la autonomía política para contar con un sólido proceso de descentralización.