Por: Prof. Mag. Alejandro Sotomayor Brulé, Docente Escuela Ingeniería Civil Industrial Sede Puerto Montt UACh.
Lo más común es evaluar el impacto específico de cada proyecto. El inversionista debe informar cuáles son los impactos de su proyecto: emisión de líquidos, olores, ruidos, residuos, etc. En general se busca asegurar que los proyectos cumplan con las exigencias normativas vigentes.
Uno de los cuestionamientos que se ha hecho a la evaluación específica proyecto a proyecto es que no permite establecer una política ambiental más general. Por ejemplo, si fuera necesario cierto número de centrales a carbón, ¿cuántas? ¿Habrá que aprobarlas todas? Y si rechazamos todas, ¿qué hacemos a cambio?
Recientemente se ha introducido en nuestra normativa la evaluación ambiental estratégica, que permite analizar no sólo cada proyecto en particular, sino las políticas, planes y programas, en términos globales. Así, se espera que pronto el Gobierno proponga una política energética, y que ésta sea sometida a evaluación estratégica, para chequear su consistencia con nuestros desafíos ambientales.
Para tomar decisiones y poder juzgar, hay un tercer método de creciente importancia. Se trata de la “evaluación de ciclo de vida”. En este método no importa sólo el impacto directo del proyecto, sino también el impacto indirecto. Por ejemplo, si se aplicara a las Represas en la Patagonia, no sólo se evaluaría el impacto directo de las represas, sino también la forma en que esa electricidad será transportada. Una evaluación al proyecto de minas de carbón en Isla Riesco hubiera tomado en cuenta los impactos del uso de ese carbón en el norte de Chile, y no sólo los de la actividad minera en el sur (y al revés, en un proyecto energético se evaluará el impacto que tiene la obtención de la materia prima). En un proyecto minero se evaluaría no sólo el impacto de la actividad minera: también el de la producción eléctrica que motiva.
Si bien la evaluación proyecto a proyecto tiene sentido cuando se trata de tomar decisiones y exigir compromisos a un inversionista en particular, urge definir y evaluar políticas macro que den más sentido a esa evaluación particular. Y estas políticas deben ser discutidas en base a completos análisis de ciclo de vida, que permitan a los involucrados construir opiniones fundadas y alcanzar consensos.