En el norte de Chile se está viviendo una grave crisis humanitaria a la que el gobierno de Sebastián Piñera ha respondido militarizando la frontera y expulsando migrantes. Desde septiembre del 2020 venían aumentando las llegadas de extranjeros, las que se agudizaron el último fin de semana de enero, cuando ingresaron 1.800 personas por Colchane, localidad ubicada en el altiplano chileno a más de 3.500 m.s.n.m., duplicando en unos cuantos días los habitantes de la comuna (1.600 aprox.). De allí que el alcalde de Colchane de cuenta del incremento de la tensión, en una localidad que no tiene alcantarillado, ni farmacias, ni supermercados, ni luz eléctrica las 24 horas del día. En un contexto de incapacidad local y escaso apoyo gubernamental, crecen los conflictos, donde quienes se desplazan son responsabilizados de aumentar la inseguridad y colapsar los servicios públicos, acentuando la xenofobia.
El incremento de venezolanos ingresando por el norte de Chile responde a una crisis humanitaria de proporciones, que según ACNUR ha afectado a casi cinco millones y medio de personas, quienes se han visto obligadas a desplazarse a otras naciones. Chile se ha erigido en uno de los tantos destinos dentro de la región, luego de Colombia y Perú, que triplican y duplican las llegadas. Según la última estimación, en Chile al año 2019 había más de 400 mil venezolanos, los que representaban el 30% de todos los migrantes, quienes, a su vez, constituyen el 7,8% de la población nacional; una cifra menor, considerando que el promedio de los países de la OCDE se sitúa en 13%.
Los venezolanos no sólo huyen del hambre, de la falta de insumos esenciales, de la inestabilidad y de la precariedad, sino de una nación que hace años se encuentra convulsionada social, económica y políticamente. A pesar de esta vulnerabilidad, quienes se desplazan se ven enfrentados a una serie de adversidades, ya sea por la extensa travesía o por no contar con los documentos y/o recursos requeridos, entre otras. La mayoría de quienes logran pisar suelo chileno vienen exhaustos después de cruzar varios países. Testimonios dan cuenta de que han pagado más de 5.000 USD para viajar desde Venezuela a Pisiga, localidad fronteriza boliviana. A pesar de la alta suma desembolsada, muchos migrantes son dejados a su suerte en pleno altiplano andino, una zona desértica rodeada de minas terrestres.
El trayecto final es particularmente duro, considerando que muchos ingresan a pie por el altiplano, donde la altura supera los 4.000 de altitud. y existe una gran oscilación térmica, ya que durante el día es posible llegar los 30°C, mientras en la noche la temperatura decae hasta -8°C. Precisamente las bajas temperaturas y la altitud son dos de las causas que se investigan (además de las enfermedades de base y respiratorias), para determinar la muerte de dos personas migrantes que fallecieron el 3 de febrero. Sus fallecimientos expusieron las falencias de un sistema migratorio, heredado de la dictadura de Pinochet, que no ha logrado satisfacer adecuadamente la acogida de migrantes, ya que carece de un debido proceso en el caso de las expulsiones administrativas y establece delitos migratorios específicos: el ingreso clandestino y con documentos falsificados o adulterados.
La respuesta a esta crisis humanitaria por parte del gobierno chileno no solo ha sido deficiente, sino que su propio actuar ha contribuido a agravarla. El presidente Piñera en febrero de 2019 viajó a Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza a Venezuela, asegurándoles a los venezolanos que en Chile encontrarían refugio. Es más, en dicha ocasión señaló que “no hay nada más perverso que un régimen que niega la ayuda humanitaria a su propio pueblo y que pone en riesgo la vida de más de 300 mil venezolanos. Eso no tiene perdón de Dios”.
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Marcos Andrade Moreno
Profesor de Derecho – Escuela de Derecho UACh Sede Puerto Montt