El Estado de Derecho se parece a la salud, en que no advertimos su importancia sino hasta que la perdemos. Del mismo modo, debe cuidarse continua y sistemáticamente. Si bien es difícil definirlo, se suele decir que el Estado de Derecho exige que el poder del Estado se ejerza de forma limitada y sometido a estándares de racionalidad. La antítesis del Estado de Derecho es el estado de excepción.
En este país la construcción del Estado de Derecho, luego de su destrucción por la dictadura, ha sido un trabajo largo y difícil, en el que han participado: jueces, académicos y abogados en general. Muchos de aquellos que la padecieron, junto a otros que solo conocimos sus efectos, hemos adquirido un verdadero compromiso en este sentido. Gracias a este esfuerzo, con independencia de las demandas de justicia social que están sobre la mesa, sabemos que nuestras libertades más básicas están protegidas. Pero al igual que la salud, una decisión temeraria puede ocasionar un daño irreparable.
Por este motivo, invocar un estado de excepción constitucional a las pocas horas del inicio de una protesta social, por muy masiva que esta sea, es una medida absolutamente irresponsable e insensata. Solo un dato para reflexionar: China, un Estado autoritario, ha enfrentado una prolongada y masiva protesta en Hong Kong solo recurriendo a la policía antidisturbios. En Chile, dicha decisión se adoptó demasiado rápido y de forma desproporcionada en varias ciudades. Nada justifica la violencia privada, pero un brote de violencia no autoriza en una democracia a mutilar el derecho a expresar opiniones. Menos aún la pérdida de vidas humanas, como consecuencia de la represión desmedida de los cuerpos armados.
Por una parte, el despliegue de unidades policiales y militares no ha sido capaz de impedir actos de robo y destrucción de establecimientos comerciales. Llama la atención que muchos de estos hechos ocurrieron en lugares donde el Estado parece haberse replegado hace ya largo tiempo. En ciertas zonas de la Región Metropolitana, el saqueo producto del crimen organizado se inició hace varios años, sin que a nadie le importara demasiado. Probablemente, dentro de las tareas pendientes, la más urgente sea lograr que el Estado de Derecho llegue a todas las personas en igualdad de condiciones.
Por otro lado, al cabo de varios días, ya es posible observar los perniciosos efectos del estado de excepción decretado por el Presidente de la República. Denuncias y querellas por muertes causadas por agentes del Estado, lesiones graves, violencia sexual en contra de mujeres, detenciones ilegales, etc., recuerdan los tiempos más oscuros de nuestra historia reciente. Estas conductas son intolerables en una democracia, la mayoría de ellas son constitutivas de delitos, por lo que deben ser investigadas y sancionadas.
Sin perjuicio de todo lo malo, es alentador comprobar que muchas de las semillas han caído en tierra fértil. Por fortuna, en esta oportunidad el Poder Judicial ha actuado a la altura de las circunstancias, realizando un estricto control de legalidad de los procedimientos de las fuerzas de orden y seguridad, impidiendo vulneraciones graves a una escala masiva. Lo propio puede decirse del Instituto Nacional de Derechos Humanos, defensores penales, fiscales del Ministerio Público, colegas del foro y estudiantes de Derecho. A todos ellos, muchas gracias por la generosa contribución que están realizando en estos días difíciles, para evitar retroceder donde no quisiéramos volver.
Una sociedad decente parte por respetar a sus ciudadanos y cuidar el Estado de Derecho. En definitiva, por luchar para que la palabra excepción no se extienda más allá de su significado natural y obvio, eliminando toda posibilidad de que llegue a convertirse en la regla general.