La estudiante de 4° año de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UACh, Débora Muñoz López, participó en el artículo «El procedimiento de tutela laboral y su aplicación a los funcionarios públicos de las Fuerzas Armadas tras la entrada en vigor de la Ley 21.280», como investigadora asociada al proyecto Fondecyt Regular 1211177, «Procedimiento de tutela laboral: Hacia una mejor delimitación de sus principales cuestiones procesales», cuyo investigador responsable es el profesor del Instituto de Derecho Público, Dr. Jordi Delgado.
Jordi Delgado
El artículo corresponde a los académicos Dr. Jordi Delgado Castro (UACh) y Dr. Diego Palomo Vélez (U. de Talca), publicado en la Revista Derecho & Justicia, volumen 6, N°2, año 2023 y corresponde a parte de los resultados de la ejecución del Proyecto Fondecyt Regular 1211177.
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El trabajo trata sobre la aplicación del procedimiento de tutela laboral a los funcionarios públicos. Se abordó el caso de las Fuerzas Armadas, puesto que se detectaron algunos casos en que estos fueron excluidos. Se confrontaron todas las causas de tutela desde la dictación de la Ley 21.280 y se concluye que, en efecto, este tipo de funcionario público está amparado por este instituto procesal.
Al respecto, Débora Muñoz, señaló que es su primera publicación, “comencé a trabajar en esta materia, con el profesor Jordi Delgado, en el ramo de Informe Jurídico y de ese trabajo el profesor me ofreció continuar investigando y participar en la publicación de este artículo. Trabajamos durante todo este año y ha sido una experiencia muy interesante”.
En tanto, el Fondecyt Regular del profesor Delgado, trata sobre el estudio doctrinal y forense de los principales nudos críticos que, desde la óptica procesal, tiene el procedimiento de tutela laboral. En los últimos 10 años ha habido un incremento de causas que, en los tribunales de justicia, se tramitan conforme al procedimiento de tutela. La práctica forense relacionada con este procedimiento ha revelado una serie de problemas que ameritan una evaluación y que, a su vez, debe conducir a visibilizar una serie de propuestas que sirvan como criterios de aplicación para los tribunales de justicia.