Hace unos días, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker pidieron que se evalúe la continuidad del fiscal Armendáriz en la investigación que el Ministerio Público instruye contra el general director de Carabineros por su eventual responsabilidad de mando en la violación de derechos de manifestantes durante el estallido social. Palabras previas de Armendáriz, vertidas en un consejo del Ministerio Público (según La Tercera, la frase exacta sería: “no podemos aceptar que una institución tenga espíritu corporativo para encubrir delincuentes”) pondrían en duda su debida imparcialidad, a juicio de los parlamentarios. “Ni cortos ni perezosos”, los senadores anunciaron que ingresarán un proyecto de ley para establecer que la formalización de los jefes de instituciones de seguridad sea facultad exclusiva del fiscal nacional.
Considerando que la preocupación por la seguridad pública domina, prácticamente sin contrapeso, la agenda política y la pauta noticiosa; y que el “octubrismo” parece no gozar actualmente del favor popular, tales propósitos podrían parecer sensatos. ¿No habría, acaso, que tener un especial trato (casi de “guante blanco”) con la policía si pretendemos que nos protejan de la delincuencia común y del crimen organizado? ¿Por qué habríamos de preocuparnos por salvaguardar celosamente los derechos de quienes participaron en manifestaciones e, incluso, disturbios, si la ciudadanía valora el orden y la seguridad?
Aun cuando pueden ser poco rentables desde el punto de vista electoral, hay poderosas razones que aconsejan no recorrer el camino que promueven entusiastamente los referidos parlamentarios. Más temprano que tarde, este conduce a la fragilización de la autonomía del Ministerio Público, la cual es una condición esencial para el buen funcionamiento del sistema de justicia y del Estado de derecho, y una de las características institucionales de las que podemos ufanarnos. Varios estudios y reportes internacionales destacan que la autonomía del sistema de justicia ha gozado comparativamente de buena salud en Chile. En efecto, los fenómenos de corrupción, la creciente hostilidad contra fiscales y jueces que instruyen investigaciones y juicios penales contra agentes del propio Estado son, lamentablemente, parte de la cotidianidad de algunos de nuestros vecinos latinoamericanos. Pero, tampoco se trata de “dormirse en los laureles”. La politización ha marcado los últimos nombramientos de fiscal nacional, mostrando que esa autonomía no está necesariamente garantizada y conviene estar siempre alerta.
La autonomía del sistema de justicia no es robusta porque ella tenga consagración constitucional, sino porque logra moldear las prácticas de los poderes públicos y de la ciudadanía, generando una adhesión relativamente estable y espontánea a la regla. Una de las pruebas más difíciles que ella debe sortear consiste en ser tomada en serio por los políticos, es decir, lograr traducirse en una cierta autocontención que evite que estos desplieguen amenazas en su contra.
Hace unos días, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker pidieron que se evalúe la continuidad del fiscal Armendáriz en la investigación que el Ministerio Público instruye contra el general director de Carabineros por su eventual responsabilidad de mando en la violación de derechos de manifestantes durante el estallido social. Palabras previas de Armendáriz, vertidas en un consejo del Ministerio Público (según La Tercera, la frase exacta sería: “no podemos aceptar que una institución tenga espíritu corporativo para encubrir delincuentes”) pondrían en duda su debida imparcialidad, a juicio de los parlamentarios. “Ni cortos ni perezosos”, los senadores anunciaron que ingresarán un proyecto de ley para establecer que la formalización de los jefes de instituciones de seguridad sea facultad exclusiva del fiscal nacional.
Considerando que la preocupación por la seguridad pública domina, prácticamente sin contrapeso, la agenda política y la pauta noticiosa; y que el “octubrismo” parece no gozar actualmente del favor popular, tales propósitos podrían parecer sensatos. ¿No habría, acaso, que tener un especial trato (casi de “guante blanco”) con la policía si pretendemos que nos protejan de la delincuencia común y del crimen organizado? ¿Por qué habríamos de preocuparnos por salvaguardar celosamente los derechos de quienes participaron en manifestaciones e, incluso, disturbios, si la ciudadanía valora el orden y la seguridad?
Aun cuando pueden ser poco rentables desde el punto de vista electoral, hay poderosas razones que aconsejan no recorrer el camino que promueven entusiastamente los referidos parlamentarios. Más temprano que tarde, este conduce a la fragilización de la autonomía del Ministerio Público, la cual es una condición esencial para el buen funcionamiento del sistema de justicia y del Estado de derecho, y una de las características institucionales de las que podemos ufanarnos. Varios estudios y reportes internacionales destacan que la autonomía del sistema de justicia ha gozado comparativamente de buena salud en Chile. En efecto, los fenómenos de corrupción, la creciente hostilidad contra fiscales y jueces que instruyen investigaciones y juicios penales contra agentes del propio Estado son, lamentablemente, parte de la cotidianidad de algunos de nuestros vecinos latinoamericanos. Pero, tampoco se trata de “dormirse en los laureles”. La politización ha marcado los últimos nombramientos de fiscal nacional, mostrando que esa autonomía no está necesariamente garantizada y conviene estar siempre alerta.
La autonomía del sistema de justicia no es robusta porque ella tenga consagración constitucional, sino porque logra moldear las prácticas de los poderes públicos y de la ciudadanía, generando una adhesión relativamente estable y espontánea a la regla. Una de las pruebas más difíciles que ella debe sortear consiste en ser tomada en serio por los políticos, es decir, lograr traducirse en una cierta autocontención que evite que estos desplieguen amenazas en su contra.
Dra. Yanira Zúñiga.
Profesora Titular del Instituto de Derecho Público.
Columna de opinión publicada en el Diario La Tercera
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UACh