Si bien Chile luce con orgullo sus cifras oficiales de protección, que alcanzan un 22% del área terrestre y un 42% del maritorio, sabemos que en la práctica se trata de Áreas Protegidas que presentan muchas brechas para cumplir con su cometido: la conservación de la biodiversidad. Evidencia de lo anterior fue la huelga de guardaparques que, por un mes, mantuvo a Parques y Reservas Nacionales cerrados, mientras exigían el mejoramiento de las condiciones y recursos para desarrollar su trabajo.
El acuerdo de proteger el 30% del planeta al año 2030, o 30×30, surgido recientemente en la COP15 de Biodiversidad, nos da un buen augurio respecto a los pasos y decisiones que deberían tomarse para resguardar, realmente, nuestros ecosistemas. Se trata de una meta en torno a la cual se alinearon 196 Estados que comparten la urgencia de actuar frente a la grave crisis de pérdida de especies que enfrenta el mundo, con énfasis en las zonas de particular importancia para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Y en ese escenario, Chile tiene mucho que hacer.
Si bien el país luce con orgullo sus cifras oficiales de protección, que alcanzan un 22% del área terrestre y un 42% del maritorio, sabemos que en la práctica se trata de Áreas Protegidas que presentan muchas brechas para cumplir con su cometido: la conservación de la biodiversidad. Evidencia de lo anterior fue la huelga de guardaparques que, por un mes, mantuvo a Parques y Reservas Nacionales cerrados, mientras exigían el mejoramiento de las condiciones y recursos para desarrollar su trabajo.
Y es que, a pesar de los porcentajes de protección arriba señalados, nuestro país aún exhibe cifras que nos deben hacer reflexionar: Chile está entre los 10 países que menos invierte en la gestión de su biodiversidad (Financiamiento de la Conservación a nivel mundial, Waldron, 2020); se ubica entre los 14 países a nivel mundial que menos guardaparques tienen por hectárea protegida (Appelton et al., 2022) y posee 21 Áreas Silvestres Protegidas sin infraestructura ni personal asignado (Fundación Terram, 2022), por nombrar algunos datos.
César Guala, Director del Programa Austral Patagonia de la UACh.
Paradójicamente, el presupuesto asignado por el Gobierno a la gestión del SNASPE para 2023 bajó en un 21% respecto al del presente año, que ya era absolutamente insuficiente (Fundación Terram). De hecho, sobre la base del Presupuesto 2022, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile, junto con el Programa Austral Patagonia de la misma casa de estudios, realizó un estudio (pronto a publicarse) que estima que la brecha presupuestaria para lograr una adecuada gestión del SNASPE en solo 18 Parques Nacionales, proyectada a 15 años, es de aproximadamente US$238 millones, con un promedio anual de US$ 21 millones.
Afortunadamente, más allá de la huelga de guardaparques, este año hubo instancias importantes para visibilizar la situación de las Áreas Protegidas y la urgencia de inyectarle más recursos al sistema estatal de protección, como fue el segundo Encuentro Nacional de Áreas Protegidas y Comunidades Portal. En él, varios ministros de Estado –incluido el ministro de Hacienda–, autoridades de gobiernos regionales y locales, además de servicios públicos afines, participaron activamente de la discusión en torno al desafío de gestionar efectivamente las Áreas Protegidas, y mostraron su compromiso hacia ese objetivo. Además, quedó instaurada la propuesta de crear un día nacional de las Áreas Protegidas y Comunidades Portal para celebrarlas, pero también para centrarnos en el análisis y planificación de su protección y desarrollo.
Por otro lado, durante los últimos meses avanzó considerablemente el proceso de implementación del estándar Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que considera una serie de indicadores para determinar la calidad de la gestión de estas áreas. Una vez que finalice la definición del estándar, todas las Áreas Protegidas de Chile –públicas y privadas– podrían ser evaluadas bajo sus criterios, para determinar las brechas que deben subsanar para alcanzar una gestión efectiva y optar, finalmente, al sello de certificación Lista Verde. Conaf, de hecho, anunció, en agosto pasado, su compromiso de evaluar bajo el estándar Lista Verde todas las Áreas Silvestres Protegidas que administra, lo que esperamos comience a ocurrir el próximo año. De esa forma podríamos obtener una radiografía del estado de gestión de las Áreas Protegidas del sistema estatal, para luego priorizar aquellas que requieran un mayor esfuerzo de inversión para acercarse a una gestión óptima.
Asimismo, otro buen avance a destacar es el rol activo de Conaf frente a la imperiosa necesidad de coordinación y trabajo conjunto con otros servicios del Estado, para garantizar la gestión efectiva de los 6,3 millones de ha de superficie marina, perteneciente a las áreas protegidas que administran. Esta porción de maritorio, que en teoría está protegida, en la práctica está expuesta a factores que amenazan su equilibrio ecológico y conservación, porque no siempre ha sido visibilizada en la política pública referente a gestión de Áreas Protegidas. Además, la diversidad de actores que convergen en la administración y supervigilancia del maritorio en nuestro país ha dificultado la identificación, gestión y protección de la superficie en cuestión, por lo cual la coordinación entre estos es fundamental.
Si logramos consolidar iniciativas y procesos como los antes señalados, nuestros Parques y Reservas Nacionales podrían llegar a tener un plan de manejo actualizado, una buena gobernanza que involucre a las comunidades portal, una infraestructura adecuada, un cuerpo de guardaparques bien equipado o monitoreo permanente de especies –por nombrar algunos factores–, y solo entonces estaríamos un poco más cerca de cumplir el objetivo global al que acabamos de adherir en la COP15 de Montreal.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, al finalizar esta convención, dijo que teníamos una última oportunidad para proteger la biodiversidad, pues estamos enfrentando una pérdida de especies muy compleja para el mundo. El acuerdo 30×30, añadió, es una esperanza y una muestra de que la mayoría de los países queremos hacer las cosas bien. De eso no cabe duda, el desafío ahora es pasar de la voluntad a la acción, del compromiso a la implementación de medidas reales como las antes señaladas, aceptando que todo ello requiere de la inversión significativa del Estado para no solo lucir cifras con orgullo, sino que también realidades de conservación de la biodiversidad y del bienestar humano asociado a ello.
En este tremendo desafío de mejorar la gestión de las Áreas Protegidas, nos hemos sumado desde la Universidad Austral de Chile a través del Programa Austral Patagonia, desarrollando investigación científica aplicada y generando espacios de formación para el fortalecimiento de capacidades en distintos niveles. En ese sentido, la pronta creación del Centro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal y la Academia formativa del mismo nombre, ambas bajo el alero de la UACH, será un importante aporte hacia la valoración y protección efectiva del patrimonio natural y cultural que revisten las Áreas Protegidas de Chile.