Sobre «Competencia de los JPL atribuida en la LEY 21.325» trató la ponencia del Dr. Marcos Andrade Moreno, profesor del Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad Austral de Chile en la Sede Puerto Montt, en el marco del «Curso de Actualización» en diversas materias atingentes y de interés para la judicatura de Policía Local, destinada a todos los magistrados, magistradas, secretarios y secretarias abogados/as de Policía Local del país.
La actividad es organizada por la Comisión de Capacitaciones del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios de Policía Local, a cargo de la abogada Daniela Coello Higueras en conjunto con el abogado Juan Quintana Ojeda, socio del mismo gremio, en cumplimiento de los objetivos propios del Instituto Nacional y tendiente a promover el estudio y análisis de materias relacionadas con la justicia de policía local, por parte de importantes académicos del país, miembros del Poder Judicial y expertos en las materias en conjunto con los destinatarios del ciclo.
El profesor Andrade expuso el miércoles 4 de agosto sobre «Competencia de los JPL atribuida en la LEY 21.325», mediante la plataforma Zoom, y señaló que el curso de actualización tuvo por objeto presentar un panorama general sobre la migración en Chile, los principales hitos de la legislación y política migratoria, los presupuestos y principales elementos del DL 1094 de 1975, actualmente vigente en Chile y los cambios que introduce la Ley 21.235. Luego se analizaron las competencias específicas que la ley atribuye a los Juzgados de Policía Local en materia de arrendamientos; en este sentido, se destacó la oportunidad que ofrece dicha modificación legal para los jueces de Policía Local: contribuir en la definición y protección del derecho a la vivienda digna.
El académico dijo: “La Ley 21.325 de Migración y Extranjería junto con establecer una nueva institucionalidad y regulación en materia migratoria, modifica la Ley 18.101 sobre arriendos de predios urbanos y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, otorgando a los Juzgados de Policía Local el conocimiento y sanción de los arriendos o subarriendos abusivos; es decir, aquellos que no cumplan con condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad, estabilidad, ventilación, iluminación, dimensiones y acondicionamiento térmico de los inmuebles, o que se den en condiciones de hacinamiento, vale decir, que superen la carga de ocupación máxima que podrán tener los inmuebles arrendados por pieza o habitación”.
Y agregó: “El problema del hacinamiento y de los arriendos o subarriendos abusivos afecta especialmente a las personas migrantes: según el Servicio Jesuita Migrante, un 19% sufre hacinamiento, situación que se agrava entre los migrantes de menores ingresos, los que no cuentan con visa temporaria o permanencia definitiva y los que carecen de redes de apoyo. No obstante, las modificaciones legales introducidas en materia de arrendamiento son generales y, por lo tanto, no distinguen entre chilenos y extranjeros migrantes, razón por la cual las competencias atribuidas a los Juzgados de Policía Local permitirán dar protección al derecho a la vivienda digna para todas y todos».