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El proyecto político global de la extrema derecha es hostil, reactivo y regresivo con las políticas de género. En EE.UU. y Argentina, por ejemplo, los gobiernos de Trump y Milei se han propuesto desmantelar políticas y derechos establecidos en favor de mujeres y diversidades sexuales. Como quien arranca una mala hierba del jardín, se han empeñado en purgar todo rastro de ellas, incluso su vocabulario. La consigna parece ser: arrasar con la “cultura woke”. Ni la democracia, ni las constituciones han sido cortafuegos eficaces frente a esta amenaza. Con razón, las alarmas progresistas se han encendido.

Pero, ¿significa esto que todo lo que cuestionan o redimensionan estas políticas (o algunas de ellas) son un vestigio o amenaza patriarcal? La reciente decisión de la Corte Suprema de Reino Unido, que determinó que los términos mujer y sexo, empleados por una ley de igualdad, aluden solo a mujeres biológicas (o cis) y excluyen a las mujeres trans, ha amplificado una polémica que no es nueva. A propósito de diversas normas cuyas destinatarias son las mujeres (v.gr., los estatutos que sancionan la violencia contra ellas), la pregunta sobre quién es jurídicamente una mujer se venía planteando, tímidamente, en la academia y también en la judicatura. En algunos sitios, el debate había tenido efectos políticos corrosivos, fraccionando y enfrentando al feminismo en torno a dos posturas: una a favor de la equiparación entre mujeres cis y trans, y otra en contra.

No defenderé aquí ninguna de esas posturas (entre otras cosas, porque no estoy segura de si conviene adoptar una respuesta única o totalizante). Pero sí defenderé que ignorar o eludir tales preguntas o controversias es una mala idea. Esforzarse por comprender el origen de los debates, abrirse al genuino y honesto intercambio de ideas, y tratar caritativamente los argumentos ajenos, son condiciones para reflexionar, y para construir visiones colectivas y compartidas del mundo.

En las premisas, agendas y estrategias, feministas y queer, se encuentran las claves de este desencuentro. Mientras el binarismo (la diferencia sexual) es usado por el feminismo para reivindicar derechos específicos para las mujeres, las agendas queer buscan superarlo. Mientras para feministas “históricas (v.gr. Adriana Cavarero, Amelia Valcárcel, Alda Facio o Marcela Lagarde) -quienes deploran un (supuesto) efecto “borrado” de las mujeres tras al avance de las agendas trans–, el sexo remite a lo anatómico y el género a las representaciones sociales, para la teoría queer, ni uno ni otro están inscritos en la biología. Judith Butler ilustra este otro enfoque. Para ella, la identidad de género cubre un amplio espectro de elecciones y expresiones sexoafectivas, ninguna de las cuales está determinada, en ningún sentido, por lo anatómico.

Aunque el paraguas político del género es amplio, no es claro si para defender los derechos de ambos colectivos en casos concretos hay que deshacer o no el binarismo.

Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile

Preguntada recientemente sobre su posición respecto del golpe de Estado de 1973, Evelyn Matthei respondía lo siguiente: “Mi posición es que no había otra (alternativa). Que nos íbamos derechito a Cuba”. “Probablemente, al principio- en el 73, el 74- era bien inevitable que hubiese muertos, porque estábamos en una guerra civil, pero ya cuando en el 78, y el 82, siguen ocurriendo; ahí ya no, porque había control del territorio”. “Hubo […] ‘loquitos’ que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo”.

Tales declaraciones encendieron la polémica. Varios columnistas destacaron los defectos (históricos, morales y jurídicos) de la tesis de la inevitabilidad de las violaciones a los derechos humanos. Yo quiero llamar la atención sobre la terminología elegida por Matthei y sus implicancias.

Quienes (ab)usan de la imagen de la guerra civil para referirse a la dictadura y las violaciones de derechos humanos implican, al menos, dos cosas. En primer lugar, que los afectados fueron combatientes o personas que quebrantaron un orden que había (sí o sí) que reestablecer a través de la fuerza. En segundo lugar, que la guerra, por definición, aumenta el riesgo de muerte imprevista y violenta. Las masacres bélicas serían, así, “males inevitables”, y los muertos -combatientes o no- “daños colaterales”.

La filósofa italiana, Adriana Cavarero, ha discutido este enfoque y propuesto otra forma de aproximarse al récord de masacres, genocidios, torturas y otras violaciones de derechos, ocurridas desde el Holocausto. Para Cavarero, la violencia contemporánea es un “horrorismo”, un crimen contra el inerme que traspasa la condición humana, desingularizando a sus víctimas. No es la circunstancia o condición particular de ellas (v.gr. ser combatiente) lo que las hermana en el destino de la muerte o del martirio, sino la voluntad del verdugo (Matthei los llamó “los loquitos”). Para el ejecutor del horror, las víctimas son enemigos absolutos que hay que destruir a toda costa. No tienen rostro, ni alma, pueden ser cualquiera.

El académico de la Universidad de Chile Mauricio Fuentes ha elaborado una descripción estadística de las víctimas de la dictadura. Según esta, durante todo este período se asesinó o hizo desaparecer, en promedio, a una persona cada dos días. La tasa diaria fue de 16 personas, en 1973, y de más de una persona diaria, en 1974. Del total de víctimas (3.286, entre asesinados y desaparecidos), menos de la mitad eran militantes o simpatizantes de la UP; la mayoría -un 56%- eran personas sin ninguna militancia política. Las víctimas menores de edad alcanzaron casi los dos centenares.

El horrorismo destruye el cuerpo y también el recuerdo de las víctimas. Por eso, el Plan Nacional de Búsqueda se propone restituirles parte de su dignidad mediante la reconstitución de sus osamentas y trayectorias. Si logramos evitar toda clase de horrorismo los derechos humanos habrán triunfado. Solo entonces podremos enorgullecernos de nuestra humanidad.

Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile