Hace unas semanas atrás un hito histórico sorprendió a muchos en América Latina y en el mundo y una vez más nos invitó a mirar qué están haciendo nuestros países en materia de cambio climático y preguntarnos dónde va el proceso de negociación internacional al respecto.
Veinticinco jóvenes de Colombia, de 7 a 26 años, lograron que la corte de mayor calibre de su país fallace a su favor y ortogase al Amazonas, bosque de inconmesurable valor para el bienestar de muchos y aquellos que están por venir, los mismos derechos que a una persona (aún cuando en países donde los derechos parecen segmentados por estrato social, toca preguntarse ¿qué persona?). La corte, además, obligó al gobierno de Colombia a tomar una serie de acciones, de manera inmediata, para demostrar su compromiso con la descarbonización y seriedad frente a las visibles consecuencias y efectos del cambio climático. Y es claro, los jóvenes ven con ojos de incertidumbre el futuro de sus territorios, hoy altamente deteriorados y descuidados y oyen con recelo los compromisos de los gobiernos para atajar las emisiones de gases de efecto invernadero, que se han ido acumulando en la atmósfera hasta provocar modificaciones importantes en los elementos del clima. Esto es: temperatura, precipitación, vientos y otros.
Este fallo, sin precedentes en América Latina, es digno de mirar de cerca por aquéllos que vivimos en zonas altamente boscosas como la Región de los Ríos en Chile (con más del 50 % del territorio cubierto por bosque nativo) no solo por su rol en la provisión de numerosos servicios socio-ecosistémicos de abastecimiento, regulación y apoyo sino por las amenazas a los que éstos territorios están enfrentados. La mantención de los bosques no es tarea fácil; hay numerosos intereses en juego y actores vigilantes de las oportunidades y vacíos legislativos para transformar el territorio boscoso en actividades con mayor rentabilidad (monetaria) en el corto plazo y nubosa visibilidad de largo plazo. La reciente noticia sobre el rechazo del Parque Patagonia parte de la Red de Parques de la Patagonia – altamente celebrada a nivel nacional e internacional -debido a la existencia de intereses ganaderos y mineros sobre el bosque, es un claro ejemplo de ello.
Para los jóvenes de Colombia conservar el bosque amazónico tiene un valor prioritario; el agua que irriga sus tierras depende del estado del bosque, culturas, patrimonio y genomas se encuentran entre sus ramas, numerosas vidas dependen de él. Este tejido de interdependencias y equilibrios debe protegerse, no solo por los beneficios asociados sino porque las generaciones futuras tienen derecho a disfrutar de éste también. Los jóvenes ven valor en ello. Los jóvenes quieren ser parte de la toma de decisión, el futuro que quieren construir depende de eso. Lo ven claro.
El problema está en que sabemos que otros actores con intereses en el Amazonas, o cualquier otro bosque, parecen no valorar dichos vínculos de igual manera y si buscamos construir un mundo más próspero y mejor para todos es necesario conversar. Necesitamos conversar porque la multiplicidad de actores e intereses sobre los territorios requiere de una visión colectiva, requiere de preguntarnos: ¿dónde estamos?, ¿dónde queremos ir? y ¿cómo llegamos hasta allá? Con éstas respuestas será más fácil para los líderes y tomadores de decisión generar las condiciones y facilitadores para alcanzar el futuro que queremos, además de permitir a la ciudadanía velar por el resguardo de su ideario.
Precisamente de eso se trata el proceso internacional de discusión climática este 2018. Los países han presentados sus planes voluntarios de acción climática nacional (NDCs siglas en inglés) en el marco del Acuerdo de París en 2015, pero no son suficientes. Es necesario y urgente mejorar los planes ya que los que están sobre la mesa no aseguran que las inundaciones podrán ser contenidas, que la intensidad y frecuencia de las lluvias serán consistentes, que el nivel del mar no seguirá aumentando o que las sequías y olas de calor tendrán consecuencias acotadas. No, los planes que hoy han presentado los gobiernos para atajar el cambio climático prevén un aumento de la temperatura más allá del límite seguro establecido por la ciencia (2ºC) y supone, por tanto, consecuencias sistémicas impredecibles. En vista de lo anterior, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) ha abierto un proceso sin paragón en las negociaciones internacionales llamado Diálogo de Talanoa. Este diálogo trasciende la lógica intergubernamental al establecer instancias formales de conversación e intercambio entre los gobiernos y sectores interesados, sean éstos organizaciones religiosas, sindicatos, agrupaciones de empresas, gobiernos locales, ONGs u otros. Serán dos instancias en que se podrá conversar directamente con los responsables gubernamentales previo a que los ministros y líderes de los países se reúnan durante la COP24, en Polonia, a negociar las medidas y herramientas que permitan destrabar la acción por el clima en los países y asegure que la sociedad pueda transitar por la ruta hacia dónde quiere ir. El Diálogo de Talanoa debe considerarse como una oportunidad para trazar una visión colectiva hacia un mundo más próspero y en armonía con los límites de la naturaleza y como una posibilidad concreta de asegurar que los gobiernos presentarán nuevos y mejores NDCs para 2020, fecha en que las emisiones de GEI deben comenzar a descender si buscamos que las condiciones conocidas de habitabilidad en la Tierra se mantengan junto con el Amazonas.
En ese marco, la Universidad Austral de Chile, abrirá un espacio durante la semana del 16 de abril en el Campus Isla Teja en la ciudad de Valdivia para que los responsables de la gestión ambiental de diversos municipios del sur del país se reúnan a desarrollar planes de acción climática local, los que serán discutidos con académicos de la Universidad a fin de encontrar espacio de colaboración y mejora. Este Diálogo Ciencia-Política es clave para los desafíos que tenemos entre las manos ya que las transformaciones de los años venideros no responderán a la falta de conocimientos o acceso a tecnologías sino a la posibilidad de asegurar que existan decisiones informadas, participativas e inclusivas que indiquen claramente ¿dónde queremos ir? y ¿cómo llegamos hasta allá?