Señor Director:
El modelo de cálculo de costos de los aranceles propuestos por la Subsecretaría de Educación Superior resulta cuestionable y la información que se entregó al respecto a las universidades es insuficiente para formarse una idea cabal de la determinación de los costos por programa. Así lo hemos planteado en diversas instancias al Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas y a los parlamentarios de la Comisión de Educación del Senado.
Entendemos el esfuerzo que se está realizando por mejorar los aranceles de las pedagogías, absolutamente necesario para fortalecer las tareas de educación en nuestro país. Sin embargo, esta situación beneficiará solo a algunas universidades y no al sistema en su conjunto. Además, generará una dinámica de compensaciones entre carreras, entre instituciones y subsistemas, que carece de toda justificación técnica y estratégica.
Los rectores de la Red de Universidades Públicas agrupadas en el G9 manifestamos que existe un problema de origen en la manera de construir los aranceles, establecido en la ley N°21.091, donde se establece que la fijación de aranceles debe efectuarse en base a costos históricos. Al no considerar el dinamismo de éstos, el modelo carecerá de la capacidad para predecir de buena manera las necesidades de financiamiento del próximo quinquenio. Este enfoque afectaría severamente a las instituciones de educación superior y a la calidad de sus procesos formativos, ya que se dificulta la proyección de diversos escenarios futuros y no considera las variaciones del contexto.
El país claramente, necesita una reflexión más amplia y crítica para establecer efectivamente un modelo que dé cuenta de nuestra realidad, un sistema de educación superior de provisión mixta, y que no limite el necesario desarrollo de las instituciones de educación superior, sus procesos de innovación, producción investigativa y actividades de vinculación con el medio.
Por lo tanto, proponemos postergar el inicio del proceso de fijación de aranceles regulados establecido en la Ley N° 21.091. Para las instituciones adscritas a gratuidad resulta indispensable conocer el efecto global que tendría el modelo de costos de aranceles para todas las carreras y no solo para un grupo de ellas. El desarrollo de un modelo tan sensible y complejo, necesariamente requiere un trabajo abierto y participativo, que considere un proceso de prueba y ajustes; de otra forma puede terminar significando un mayor costo para el país y para el sistema de educación superior en su conjunto.
DIEGO DURÁN J.
Presidente G9
Rector Universidad Católica del Maule
CHRISTIAN SCHMITZ V.
Rector Universidad Católica de la Santísima Concepción
ALIRO BÓRQUEZ R.
Rector Universidad Católica de Temuco
IGNACIO SÁNCHEZ D.
Rector Pontificia Universidad Católica de Chile
CARLOS SAAVEDRA R.
Rector Universidad de Concepción
CLAUDIO ELÓRTEGUI R.
Rector Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
DARCY FUENZALIDA O.
Rector Universidad Técnica Federico Santa María
ÓSCAR GALINDO V.
Rector Universidad Austral de Chile
JORGE TABILO Á.
Rector Universidad Católica del Norte