Hace unos días atrás nos enteramos del caso de un niño que presentó cocaína en orina. La misma semana, en otro lugar del país, un bebé de 10 meses ingresaba a urgencias con convulsiones asociadas al consumo de drogas y durante la examinación es abandonando por su madre; la hermana de ésta menciona que se encontraría en situación de calle y presentaría dependencia a las drogas. Es gravísimo cómo este tipo de casos van haciéndose cada vez más comunes, incluso requiriendo que el mundo académico lo estudie como un fenómeno que, por lo menos, se repite lo suficiente como para que le prestemos ese tipo de atención. Así lo demuestra una investigación realizada el 2018 con 18 pequeños menores de 2 años, cuyas madres eran consumidoras de cocaína. 
El riesgo de ingesta no intencional se producía por el contacto con la sustancia a su alcance, durante el amamantamiento o la inhalación pasiva de cocaínas fumables, como es el caso por ejemplo de la pasta base. Esta exposición genera daños neurológicos que se manifiestan en convulsiones, excitación y alteraciones agudas de la consciencia; efectos cardiovasculares como taquicardias e hipertensión, así como intoxicación aguda que requirió en ese instante de cuidados intensivos.
Estos casos tan impactantes y que nos parecen tan poco habituales no lo son, lo que genera muchísimas preguntas: ¿Están realmente asegurados los derechos de los niños? Se ha hablado muchísimo de que el país debe hacerse cargo de la niñez de una forma eficiente, “Los Niños Primero”. Sin embargo, para la población en general esto no ha sido más que un slogan, ya que no visualiza intervenciones que marquen la diferencia, por lo que lo único que realmente entregan los lineamientos a seguir es lo planteado por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la cual Chile es parte desde el año 1990. Me quiero detener en analizar parte del artículo 24: “Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres”. Al respecto, nuestro país cuenta con espacios de atención para mujeres embarazadas en salud pública; existe el Subsistema de Protección Chile Crece Contigo, que asegura el acceso a las prestaciones de asistencia médica requeridas desde el embarazo hasta (teóricamente) los 10 años de vida de los niños y niñas. Pero ¿es esto suficiente cuando hay consumo problemático de alcohol u otras sustancias? ¿Está el sistema, tanto público como privado, preparado para atender este tipo de casos? ¿Es esta atención, tal como lo menciona la Convención, “apropiada”? ¿Son los profesionales lo suficientemente empáticos para realizar intervenciones integrales con mujeres que se encuentran embarazadas y además presentan consumo? Es sabido que el embarazo y crianza deben ser procesos acompañados. Diversos estudios demuestran que las mujeres con adicciones cuentan con escasa red de apoyo y su maternidad tiende a ser juzgada con una vara distinta a la de los progenitores masculinos. Como ya comentamos, el consumo de sustancias presenta consecuencias en el desarrollo integral del feto, siendo una de sus consecuencias más explícitas la propensión a partos prematuros, malformaciones o enfermedades crónicas. Aun así, a pesar del sinfín de secuelas a nivel neurológico y físico, se debe recalcar que una de las vulneraciones más importantes a las que se puede enfrentar un infante es ser testigo del consumo problemático del adulto significativo, dado que puede terminar naturalizándose este tipo de conductas en las dinámicas familiares y generar un círculo vicioso del que ellos terminarán formando parte si no se actúa rápido. Es por ello que invitamos a repensar de qué manera se aborda el consumo de drogas en nuestro país y cómo se realiza el acompañamiento en los embarazos de alto riesgo relacionados al consumo, pues el daño que puede producir este problema en la vida de las familias chilenas y el riesgo al que están expuestos los niños y niñas es altísimo.