El acceso equitativo a infraestructura de calidad es un factor indispensable para el desarrollo económico y social, y en tal sentido, nuestro país ha emprendido un camino de transformaciones para terminar con las inequidades en todas sus dimensiones y crecer con sustentabilidad e inclusión. Para ello es necesario dejar de centrarse sólo en obras específicas y en ciudades concentradas y cambiar el foco hacia la amplitud de los territorios, y por supuesto a las demandas de las comunidades que lo habitan.
Chile se encuentra en una instancia propicia para aplicar este cambio de foco, pasar de profundos déficits y precariedades en nuestras ciudades y centros poblados, que teníamos hace algunas décadas, a preocuparse de la planificación a largo plazo en el presente, es el resultado de esfuerzos y políticas públicas como el Plan Chile 30/30 (MOP, febrero 2018), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) o la Nueva Agenda Urbana (ONU Hábitat, 2016), por ejemplo.
El estado ha realizado compromisos que resaltan la urgencia de implementar marcos institucionalizados de planificación territorial integrada, como una forma de conciliar las necesidades de corto plazo con las metas de largo plazo, sobre todo en los territorios rezagados, en donde la falta de infraestructura produce tensión social, económica y política, dado que estos territorios poseen escenarios más inciertos.
En relación a la políticas de recursos hídricos, y según el análisis de gobernanza de la infraestructura en Chile, que realizó la OCDE (2017), los efectos del cambio climático y la mayor demanda de agua producto del crecimiento económico y demográfico, ejercerán una creciente presión sobre los recursos hídricos existentes, lo que amenazará el acceso al agua en Chile, afectando la productividad, la gestión en desastres naturales y principalmente la calidad de vida, puesto que el agua para el consumo humano resulta sustancial para el bienestar de los ciudadanos.
La inversión en infraestructura debe ser mayor en los territorios rezagados, pero también de mejor calidad, y debe ir acompañada de una adecuada gobernanza, vinculación Universidad – Estado y una activa participación ciudadana, la que no debe presentar condicionantes ni sesgos, y homologarla a lo que el territorio requiera, en función de las expectativas y escala de necesidades de las personas, entendiendo el desarrollo como una acción progresiva, constante y al alcance de todos.
Jorge Alvial Pantoja
Académico UACh
Investigador Núcleo RINA