Esta semana –y en el marco del Día contra la Corrupción– la Contraloría General de la República lanzó la “Radiografía de la Corrupción: Ideas para fortalecer la probidad en Chile”, estudio en el cual participaron académicos e investigadores de la Corporación Chile Transparente, el Programa Euro Social y la Universidad Austral de Chile, representada por el académico e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y del Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial, Dr. Claudio Fuentes González.
El documento –que consta de más de 220 páginas– expone conceptos relacionados a corrupción y probidad, y muestra cifras de percepción ciudadana sobre el comportamiento de las instituciones y funcionarios públicos, así como también los impactos que la crisis social y política ha marcado respecto de las perspectivas actuales y para los años futuros sobre la corrupción.
Según explica el Dr. Claudio Fuentes-González, “la corrupción es un fenómeno complejo, dinámico, contextual, de zonas grises y, por tanto, de difícil definición. Siguiendo a Transparencia Internacional, podemos entender la corrupción como ‘el abuso de poder para beneficio propio’, a lo cual le agregaría ‘y para las redes que sostienen las acciones corruptas’”.
El académico afirma que existe un alto conocimiento declarado sobre corrupción por parte de las personas (67%) y que, en comparación con el año pasado, en la actualidad hay una mirada más crítica e informada sobre la corrupción, por tanto “existiría una esperanza respecto al devenir de este tema en el futuro”.
Durante la ceremonia de lanzamiento del libro -efectuada en modalidad virtual el pasado 9 de diciembre- el investigador de la UACh dijo que este trabajo “marcará un antes y un después en lo que a estudios de corrupción en Chile se refiere”. Además, en la oportunidad planteó tres ideas relativas a la importancia de la vinculación de la academia con el sector público: la probidad en el proceso constituyente con foco en la descentralización y la relevancia de la estrategia nacional anticorrupción de la Contraloría General de la República con foco regional.
“Las próximas elecciones, tanto de Gobernadores Regionales como de Convencionales Constituyentes, traen una oportunidad de incluir medidas y compromisos sobre probidad y cómo enfrentar la corrupción a nivel regional. La estrategia nacional anticorrupción que la Contraloría General de la República liderará con espacios efectivos de participación ciudadana será una tremenda herramienta para construir un país y un Estado más íntegro donde, sin duda alguna, la información regionalizada que dispondrán las nuevas autoridades sobre probidad y anticorrupción, será de un valor público muy destacable”.
Resultados del estudio
En cuanto los resultados del estudio, el académico señaló que, dentro de los hallazgos relevantes, se estableció que un poco más del 50% de las personas reconoce haber sido víctima y/o testigo de un acto corrupto, pero el 68% no denunció, por motivos relacionados a desconfianza en las instituciones o asumir que esas acciones no tendrían consecuencias. Por otro lado, las personas señalan que no efectuarían acciones en las que ellas se involucren en acciones de corrupción, por ejemplo, ofrecer dinero para acelerar un trámite (91%) u ocultar y/o modificar datos personales para beneficio propio (74%).
Ver estudio completo.
La percepción ciudadana señala que los más perjudicados tras los actos de corrupción son las personas (95%), y los tipos de corrupción más reconocidos son los referentes a la obtención de beneficios para uno mismo o red familiar (por sobre el 80%). En la misma línea, el 67% de las personas señala que la corrupción también se manifiesta en la no denuncia de un acto corrupto.
Propuestas
En relación con las propuestas planteadas en el estudio, el Dr. Fuentes-González señala que “primero, debemos fomentar la generación de conocimiento anticorrupción y avanzar hacia políticas basadas en evidencia; promover organizaciones íntegras, poniendo el foco en las personas, fortaleciendo el estándar ético en las organizaciones; y asimismo, implementar tecnologías al servicio de la transparencia y consolidar un ecosistema de integridad en el sector público”.
También pone énfasis en “aumentar el compromiso político con la integridad, por medio de lineamientos éticos para autoridades del sector público y perfeccionar normas en materia de conflicto de intereses; fortalecer las capacidades institucionales en la administración pública, con foco en el principio de probidad; involucrar a la ciudadanía y al sector privado en el combate contra la corrupción; y desarrollar estrategias de largo plazo que no estén sujetas a los vaivenes de presidentes de cuatro años en el poder”.
Finalmente, concluyó que “en estos escenarios, la vinculación academia-sector público es condición necesaria para profundizar una formación actualizada en función pública y potenciar investigaciones aplicadas que provean de insumos y conocimientos para avanzar hacia políticas públicas basadas en evidencia, y en articulaciones con el entorno en una relación de complementariedad”.