* Vea declaración firmada por académicos del Instituto de Estudios Antropológicos de esta Facultad.
Frente a los recientes acontecimientos que afectan a comunidades mapuche del sur de Chile, como Equipo de Decanatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, declaramos lo siguiente:
1) Manifestamos nuestra profunda preocupación por el grave estado de salud de los 4 comuneros mapuche en huelga de hambre desde hace más de 100 días, esto en el marco de su prisión preventiva y de su procesamiento bajo el canon de la Ley Antiterrorista.
2) Como representantes de nuestra comunidad universitaria, respaldamos los esfuerzos que buscan visibilizar esta dramática situación y contribuir a la necesaria reflexión sobre las condiciones actuales que atraviesan las comunidades mapuche, encarnando así los principios y compromiso que desde las humanidades y las ciencias sociales tenemos con los territorios que habitamos.
3) Rechazamos la violencia ejercida en sur de Chile sobre el territorio mapuche, así también toda forma de violencia como medio para resolver un conflicto histórico, iniciado por el proyecto colonizador español y prolongado bajo el Estado de Chile. Este último, con un rol central en la instauración de un modelo productivo extractivista, que ha erosionado las formas de vida indígenas y tradicionales.
4) Interpelamos a la clase política en su conjunto y a las autoridades regionales a manifestarse respecto a la urgente derogación de la Ley antiterrorista –promulgada en dictadura– y en especial su aplicación en los casos que involucran al pueblo mapuche. Nos parece fundamental restituir el derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia, bajo los estándares del Derecho internacional y de los Derechos de los Pueblos Originarios.
5) Reconocemos el legítimo derecho de los pueblos a plantear sus demandas históricas, así como creemos en la imperiosa necesidad de establecer un diálogo intercultural honesto, horizontal, transversal, sostenido en el tiempo y que, de forma efectiva, permita iniciar un nuevo proceso que avance hacia un escenario social en donde los derechos y las demandas de los pueblos indígenas sean prioridad en la agenda política nacional.