Declaración Pública
Profesores del Instituto de Ciencias Sociales
Después de casi dos meses de movilización, los estudiantes secundarios y universitarios han logrado remecer los fundamentos del modelo neoliberal instalado en Chile, en uno de sus ámbitos más gravitantes, la educación.
Bajo la dictadura militar, la educación fue orientada en función del mercado, a la par que el Estado asumió un rol subsidiario. La municipalización de las escuelas y liceos del Estado, la educación particular subvencionada y las universidades privadas no tradicionales, son parte de la herencia de esa época.
A estas alturas es claro que los gobiernos de la Concertación, medidas más, medidas menos, no sólo mantuvieron el orden definido por la dictadura en educación sino que lo corrigieron, llevándolo a sus últimas consecuencias, dándole de pasada la legitimidad que no tenían.
A más de treinta años de instalación del actual orden educacional es necesario reconocer sus debilidades.
La falta de integración, orientación, coordinación y control entre y de las entidades educativas, en sus diferentes niveles, pone en duda si podemos todavía hablar de un “sistema” educacional chileno. La acción de las escuelas, liceos, colegios y universidades y su proliferación ha estado sujeta, por una parte, a la labor de un Estado que ha tenido esfuerzos limitados y parciales, y en el caso del sector privado, se ha regido principalmente por los intereses de grupos determinados cuando no lisa y llanamente por un simple cálculo de rentabilidad.
Como resultado se ha producido una marcada segregación social en la educación, con rendimientos académicos muy desiguales. En Chile, hay educación para pobres, para sectores medios y para ricos, siendo por ello la educación un instrumento de reproducción de las desigualdades sociales existentes.
Además, la limitada labor educacional del Estado ha sido superada por la privada, subvencionada o totalmente pagada, la que se rige mayoritariamente por un afán de lucro sancionado como válido por el mismo Estado. Esto ha provocado vicios en la educación asociados a la subvención estatal, el enriquecimiento de privados y desastrosas consecuencias producto de la política de autofinanciamiento. En la educación superior, los altos costos de los aranceles de las carreras deben ser pagados directamente por los padres, cubiertos mediante créditos onerosos o, en algunos casos, parcialmente subsidiados mediante becas por el Estado.
En este contexto, los contenidos y las formas de la docencia han tendido a privilegiar las necesidades de la gran empresa y el neoliberalismo, y a debilitar o excluir una formación crítica que contribuya a un eventual reemplazo del modelo de desarrollo que queremos para Chile.
Educarse en Chile hoy es un privilegio no un derecho. No hay educación de calidad disponible para todos.
El secreto a voces, el fracaso del orden educacional neoliberal instalado por la dictadura militar y perfeccionado por los gobiernos democráticos, ha sido denunciado por los estudiantes a lo largo de todo Chile. Ellos nos recordaron y obligaron a reconocer la crisis integral de la educación, y con ello su condición de “isla” en el contexto latinoamericano.
El movimiento social que ha surgido no ha sido atendido por el Estado. El gobierno se equivoca si espera que esta sea una revuelta estudiantil pasajera. Las lógicas cupulares de toma de decisiones políticas de espalda a la ciudadanía, ya no tienen cabida para el actual movimiento, aquello que consagró la Concertación como política de los consensos, ya no es aceptado, y la ciudadanía no quiere ser espectadora de las decisiones. Por lo anterior, este movimiento por la educación sienta las bases de la discusión mayor, sobre la democracia vigente en Chile actual. Los discursos exitistas del modelo neoliberal y de la excepcionalidad económica del crecimiento chileno en el “barrio latinoamericano”, se enfrentan de golpe a las críticas por falta de justicia e inclusión social, que es donde resultamos ser “los peores vecinos”.
Consideramos que la propuesta del gobierno no se condice con la situación de crisis de la educación chilena. Precisamente en este punto la “negociación” ha llegado a la situación actual: mientras el movimiento apunta a la discusión de un proyecto nacional de educación, el gobierno reduce la discusión a un conjunto de medidas que no se insertan en una nueva política educativa sino que insiste en perpetuar la educación privatizada y mercantilista.
Rechazamos la criminalización de la movilización social, acompañada de represión y restricción de las libertades ciudadanas, así como también los discursos políticos sesgados que dan cuenta de una intransigencia ideológica que cuestiona seriamente las aspiraciones democráticas.
En esta situación resulta oportuno interpelar a la clase política en su conjunto a que se pronuncie sobre las demandas del movimiento ciudadano y que no busque “solucionarlas” priorizando ventajas electorales de corto plazo.
El Estado debe crear, asumir y proteger un Sistema de Educación Pública, gratuita, basado en un régimen de aprendizaje de calidad, laico, pluralista y democrático.
La calidad de un nuevo sistema educacional debe entenderse no sólo como la acreditación ni como la medición de una serie de competencias técnico profesionales, reducida a las lógicas economicistas empresariales de las teorías educativas del capital humano. La calidad debe entenderse en términos de una formación integral, crítica y comprometida con las necesidades de la sociedad.
La nueva educación que se demanda requerirá un cambio estructural; lo que significa un reemplazo del neoliberalismo, una nueva Constitución que contemple a lo menos una redefinición del rol del Estado y una sustitución de la actual Ley General de Educación. Junto con una reforma tributaria que permita financiar este sistema e incluso asumir la nacionalización de la gran minería y de nuestro patrimonio natural.
Frente a esta situación, la Universidad Austral de Chile debe ser parte de estas transformaciones. Debemos construir una nueva universidad, organizada en torno a los problemas regionales y del conjunto de la sociedad, financiada por el Estado, que avance hacia la gratuidad de los aranceles, así como democratizarla en su estructura y funcionamiento.
El camino por recorrer no será corto ni fácil, pero estamos convencidos que es imprescindible iniciar ese recorrido en este momento histórico.
Valdivia, 9 de agosto de 2011
Leonor Adán A. María Angélica Illanes O. Pía Poblete S.
Karen Alfaro M. Jorge Lara V. Rodrigo Rehbein M.
Fabián Almonacid Z. Roberto Mardones A. Pablo Rubio A.
María del Valle Barrera Fernando Maureira E. Alejandro Saavedra P.
Gustavo Blanco W. Ricardo Molina V. María Eugenia Solari A.
María Ignacia Fuenzalida Jubel Moraga R. Simón Urbina A.
Yanko González C. Iñaki Moulian J.