Las 30 universidades que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas manifiestan su preocupación por el proceso que está desarrollando la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación para implementar la regulación de valores de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobro por concepto de titulación para las universidades que adscriban a la gratuidad, en el contexto de la ley N° 21.091.
Considerando que esta es la primera vez que se realiza un proceso de fijación de aranceles en Chile y, además, que este proceso no ha contado con la activa participación de las instituciones, que la información entregada por la Subsecretaria de Educación Superior no permite formarse una idea cabal de los antecedentes y supuestos para la determinación de los valores regulados y, finalmente, que el impacto de su implementación sería muy lesivo para las instituciones, hemos llegado a la convicción de que es imprescindible suspender su aplicación.
Lo anterior se funda en lo siguiente:
- El modelo definido en las bases técnicas, además de no haber sido consultado con las instituciones reguladas, es válido para un sistema universitario homogéneo con instituciones semejantes entre sí, situación que no acontece en Chile, donde coexisten instituciones con diferente grado de calidad, selectividad y complejidad.
- El modelo desarrollado por la Subsecretaría se basa solo en antecedentes contables de carácter histórico, sin considerar escenarios futuros ni el financiamiento de mejoras en calidad e innovación, o variaciones del contexto, como por ejemplo los efectos de la pandemia.
- El cálculo de los valores arancelarios fue entregado a las instituciones sin información suficientemente comprensiva, haciendo imposible un análisis completo de la aplicación del modelo, o verificar y replicar la correcta aplicación de lo dispuesto en la resolución.
- Considerando la trascendencia de este proceso, era imprescindible que existiera un proceso de validación exhaustivo acerca de la realidad de las cifras usadas y no simplemente definir de manera inconsulta los valores de aranceles a partir de los menores valores obtenidos de la solicitud de información realizada.
En consecuencia, el Consejo de Rectores hace un llamado a todos los actores sociales, políticos y económicos para establecer una aproximación sistémica al problema de política pública respecto del financiamiento de la Educación Superior. Las Universidades son un ecosistema en el que concurren diversos quehaceres relacionados con la docencia, la investigación, la vinculación con el medio y servicios de apoyo para los estudiantes, por lo que los costos se deben establecer con un modelo que considere el financiamiento de estas actividades entrelazadas. De lo contrario se lesionará gravemente el proceso de formación, las actividades universitarias y la estabilidad financiera de las instituciones.
Creemos firmemente que la regulación de aranceles debe promover una formación de excelencia y debe ser una oportunidad para fortalecer a las instituciones de educación superior. El compromiso con la calidad de la formación de todos los y las estudiantes, en su diversidad, en ambientes de excelencia y la generación de oportunidades, especialmente para los que tienen gratuidad, que alcanza al 50% del total en nuestras instituciones, no puede ponerse en riesgo a causa de la fijación de aranceles regulados que no reconozcan los costos reales de formación.