Cinco proyectos FONDECYT Regular 2021 fueron propuestos para adjudicación por docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia y la Sede Puerto Montt. A nivel nacional, 590 propuestas serán financiadas por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. De ellas, 36 pertenecen al grupo de estudio Ciencias Jurídicas y Políticas, en el que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UACh ocupa el primer lugar, junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Los expertos y expertas de Derecho UACh que lideran los proyectos propuestos para adjudicación son Dr. Andrés Bordali S., Dr. Jordi Delgado C., Dr. Fernando Muñoz L., Dr. Darío Parra S. (Dra. Pamela Mendoza A., co-investigadora) y Dra. Yanira Zúñiga A., (Dra. Susan Turner S., co-investigadora).
FONDECYT tiene como objetivo promover la investigación de base científico-tecnológica en las diversas áreas del conocimiento, mediante el financiamiento de proyectos de investigación individual de excelencia orientados a la producción de conocimiento con una duración de 2 a 4 años.
Proyectos 2021
El proyecto del profesor titular del Instituto de Derecho Público, Dr. en Derecho Andrés Bordalí, se titula «El debido proceso sustantivo en el derecho chileno», con una duración de 3 años.
El profesor Bordalí explicó que el proyecto abordará la categoría jurídica denominada debido proceso sustantivo, esto es, la exigencia de garantías de racionalidad y justicia en los procedimientos de toma de decisiones de los órganos del Estado que no sean tribunales de justicia. En estos últimos rige el tradicional debido proceso judicial o procesal. ¿Qué exigencias de racionalidad y justicia deben adoptar los procedimientos de la Administración del Estado para aplicar sanciones a los particulares? ¿Qué exigencias de racionalidad y justicia debe tener la decisión política de la Cámara de Diputados y luego del Senado de destituir a una autoridad del Estado?
El proyecto avanza también por la siguiente pregunta. ¿Le vamos a exigir las mismas garantías de racionalidad y justicia a decisiones de entes privados, como las universidades por ejemplo, cuando decidan sancionar a sus funcionarios? Por último, es exigible esta garantía a las decisiones de un empleador dentro del contexto de la relación laboral con sus trabajadores? Finalmente, ¿Cuáles son en todos estos casos esas garantías que componen el debido proceso sustantivo? Esas son las preguntas por las que transita el proyecto.
“Me siento muy feliz por haber obtenido uno de los 5 proyectos Fondecyt Regular 2021 que se adjudicó la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UACh. Ello es expresión que este proyecto académico sigue más vivo que nunca, con un potente grupo de investigadores, especialmente conformado por jóvenes académicos y académicas que se han incorporado los últimos años a la Facultad”, dijo el académico Andrés Bordalí.
El profesor asociado del Instituto de Derecho Público, Dr. en Derecho Jordi Delgado, presentó la propuesta «Procedimiento de tutela laboral: Hacia una mejor delimitación de sus principales cuestiones procesales».
El proyecto del Dr. Delgado trata sobre el estudio doctrinal y forense de los principales nudos críticos que, desde la óptica procesal, tiene el procedimiento de tutela laboral. En los últimos 10 años ha habido un incremento de más de un 1.764% de causas que, en nuestros tribunales de justicia, se tramitan conforme al procedimiento de tutela. La práctica forense relacionada con este procedimiento ha revelado una serie de problemas que ameritan una evaluación y que, a su vez, debe conducir a visibilizar una serie de propuestas que sirvan como criterios de aplicación para nuestros tribunales de justicia. En especial, pero no solo, se abordará la particular incidencia que la llamada prueba indiciaria produce en el devenir del procedimiento y, también, en la fase probatoria.
Al respecto, el profesor Jordi Delgado señaló que sobre el procedimiento de tutela laboral, hasta la fecha ha habido un gran aporte desde la vereda de los laboralistas, pero es una parcela del conocimiento que debe ser tratada desde el punto de vista procesal. “Existen multitud de problemas forenses que pretendemos evaluar y, a su vez, realizar propuestas de una mejor interpretación aplicando la ciencia procesal a este instituto”.
Constituye, además, un motivo de plena satisfacción poder llevar a cabo esta investigación, puesto que se trata de un instrumento que se diseñó para tutelar los derechos fundamentales de los trabajadores. “Hoy en día podría no estar cumpliendo, a cabalidad, esa finalidad y necesitamos construir argumentos que permitan delimitar algunos contornos que no están claros”, sostuvo el académico.
El FONDECYT Regular del profesor auxiliar del Instituto de Derecho Privado y Ciencias, Dr. en Derecho Fernando Muñoz, se titula «El derecho público de la vialidad en Chile, 1842-1969: ideas orientadoras, entornos institucionales y repertorios de actuación fiscal en la producción legal del espacio nacional». La iniciativa busca contribuir a la historia intelectual e institucional del derecho público chileno a través del estudio de las ideas, instituciones y normas empleadas en la planificación y gestión de la infraestructura vial en Chile. El período estudiado comienza con la Ley de Caminos de 1842 y concluye con el Decreto Supremo Nº556 de 1969 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el que asignó el número 5 al Camino Nacional “Longitudinal de Arica a Quellón”, tramo chileno de la Carretera Panamericana cuya pavimentación había concluido el año anterior tras más de dos décadas de trabajo.
El académico precisó que, si bien la vialidad hoy en día es un tema poco estudiado en nuestro país, su importancia para la apropiación del territorio ha sido reconocida por pensadores del derecho público como Lorenz von Stein, quien en su «Tratado de teoría de la administración y derecho administrativo» (1870) sostuvo que “[e]l camino, en el sentido más amplio de la palabra, es la primera condición previa material, absoluta, de todo transporte y, con esto, de toda productividad, sí, de la vida común en general”, y afirmó que “no existe camino alguno en sí, sino el concepto del camino es un concepto que pertenece puramente al derecho administrativo”.
Darío Parra Sepúlveda – Pamela Mendoza Alonzo (co-investigadora)
En tanto, los docentes de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UACh, Dr. en Derecho Darío Parra, investigador responsable, y la Dra. en Derecho Pamela Mendoza, co-investigadora, postularon «El daño a la autodeterminación del paciente en los juicios por responsabilidad civil médica. Análisis crítico y propuesta de configuración». Explicaron que, a la luz de los principios y reglas que orientan al moderno derecho de daños es posible configurar una categoría indemnizatoria autónoma, y extrapatrimonial, que nos permita dar respuestas razonables para aquellos casos donde el perjuicio sufrido por la víctima deriva del incumplimiento de los deberes médicos de información -informar y obtener el consentimiento informado- manifestándose en la lesión a la autodeterminación del paciente en el ámbito sanitario.
Los docentes comentaron: «Como académicos de la Universidad Austral de Chile nos parece de suma relevancia la oportunidad de contribuir, desde Puerto Montt, en la descentralización de la investigación jurídica y debate en temas de relevancia nacional. Esperamos aportar desde el sur austral de nuestro país con orientaciones que permitan a los operadores jurídicos lograr soluciones más equitativas y razonables, asumiendo la protección de la persona humana y su dignidad como imperativos intransables en nuestro ordenamiento civil».
Yanira Zúñiga Añazco – Susan Turner Saelzer (co-investigadora)
El proyecto de la profesora titular del Instituto de Derecho Público, Dra. en Derecho Yanira Zúñiga, y en el que participa además como co-investigadora la Dra. en Derecho Susan Turner, se titula «El rol de la familia en el sistema sexo-género ¿estabilización o transformación?». El objetivo es reconstruir, de modo inductivo e interdisciplinar, los discursos jurídicos y las políticas públicas nacionales cuyo objeto es la familia, a fin de identificar, desde una perspectiva diacrónica y sincrónica, las concepciones de familia presentes en unos y otras; y las funciones que estos atribuyen al trabajo reproductivo de las mujeres, la heteronormatividad, la igualdad de género; y el rol de niños, niñas y adolescentes. Esta reconstrucción permitirá evaluar el potencial estabilizador o transformador de las concepciones jurídicas de la familia en Chile, en lo concerniente al sistema sexo-género.
La profesora Zúñiga destacó el importante número de proyectos adjudicados en la disciplina de ciencias jurídicas y políticas por la comunidad de investigadores e investigadoras de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que incluye a las y los académicos de la Sede Puerto Montt como una gran noticia. «Sin embargo, esta noticia no es sorpresiva, porque responde al modelo que viene desarrollando la Facultad desde hace años y que busca promover un trabajo sistemático, planificado y colectivo de investigación. Este modelo ha permitido que la Facultad se consolide como uno de los polos de investigación en ciencias jurídicas más importante del país».
Agregó: “Estoy especialmente satisfecha porque el proyecto del cual soy investigadora responsable es una iniciativa de carácter interdisciplinar, adscrita también al Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Desigualdad y Derechos Humanos (DesDeh). Participan en este proyecto la Dra. Susan Turner y las investigadoras del Núcleo DesDeh, Debbie Guerra y Antonia Asenjo”.
