Un lamentable escenario se ha producido en la Educación Superior como resultado del fallo del Tribunal Constitucional, luego del requerimiento de inconstitucionalidad a la Glosa de Gratuidad. Lamentable porque nadie parece se detuvo a pensar en las consecuencias que sus decisiones podían tener en los jóvenes, sus familias y en las instituciones.
El momento es de profunda incertidumbre. Si se impone el escenario más probable existirá una seria dificultad para otorgar gratuidad a estudiantes fuera del Consejo de Rectores (CRUCh). Si se impone el peor de los escenarios ningún estudiante podrá acceder a ésta el próximo año y se volverá a fojas cero. Se habrá dejado pasar así una oportunidad histórica para iniciar (con dificultades por cierto) un camino distinto para el financiamiento de los estudiantes y de las instituciones de educación superior.
Al país le hace falta un debate serio sobre Educación Superior, pero siempre parecen primar los intereses coyunturales y económicos, y las defensas corporativas. El conjunto de acusaciones y ofensas que han debido soportar las universidades del CRUCh, que reúne lo mejor de la tradición universitaria chilena, es inédito. El lenguaje utilizado resulta insólito, como si alguna de sus instituciones tuviera intereses de mercado o comerciales y no el propósito que contribuir al desarrollo del país.
El país requiere reconocer y apoyar un sistema de Educación Superior de función pública que todo país moderno considera parte de sus estructuras fundamentales. En el caso chileno por razones históricas y culturales ese espacio lo han construido un conjunto de universidades públicas estatales y no estatales que por ley se reúnen en el CRUCh. Esa esfera de lo público se debe distinguir siempre de aquella que representa intereses, ideologías o emprendimientos privados. Por ello la calidad (y lo decimos desde una Universidad acreditada por 6 años en todas las áreas) no se mide sólo por indicadores de eficiencia docente; se mide sobre todo por el compromiso y el impacto en el bienestar social y en el desarrollo territorial.
Después del fallo esperamos que aún haya tiempo para reparar y repensar el modelo de Educación Superior que el país requiere.
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