Esto es así, ya que la implementación de medidas sanitarias ha estado ligada a una serie de decisiones, tales como cuarentenas y cordones sanitarios, las que han implicado -entre otras- limitaciones a las libertades individuales y al desarrollo del comercio. Esto ha provocado no sólo el cierre de negocios y un aumento del desempleo, sino también nos ha posicionado como una sociedad irresponsable, egoísta y con escasa empatía ante la peligrosa realidad sanitaria que las cifras de contagios demuestran.
Ante este complejo contexto, considero que el gobierno, y toda la clase política, no deben limitarse a la necesaria reactivación del comercio y a la esencial generación de empleos, sino también deben velar por crear las condiciones para que el exceso de individualismo y poca empatía social que hoy existe -y que la pandemia ha evidenciado a niveles insospechados- no ayude a socavar la construcción de una sociedad igualitaria que reivindique -en congruencia- los derechos sociales.
Esto es así, ya que la poca efectividad de las medidas relacionadas a apoyos económicos que adoptó el gobierno -durante la primera parte de la pandemia- ayudó a fomentar el egoísmo social que se ha evidenciado en todo nuestro país a la hora de adoptar con responsabilidad las medidas sanitarias, lo que ha alejado -en la práctica- a que las personas sean congruentes con el espíritu reivindicatorio de solidaridad y empatía que está detrás de la necesidad de una nueva Constitución.
Así entonces, y a partir de la experiencia alcanzada durante estos 9 meses de pandemia, es esperable que el gobierno y la clase política corrijan sus decisiones respecto al nivel y alcance de los apoyos económicos que ofrecerán a la ciudadanía a fin de implementar con eficacia las medidas sanitarias y así evitar que las personas “traicionen” con sus irresponsables y egoístas conductas los derechos que socialmente reivindica.