En el Seminario Austral de Derecho se presentó el trabajo «Las trampas de la universalización. Los costos del tránsito hacia el ejercicio autónomo de derechos por parte de las personas con discapacidad mental», del Dr. Pablo Marshall Barberán, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile (UACh).
La sesión se llevó a cabo el viernes 24 de mayo en la sala de Consejo y contó con la asistencia de académicos, profesores ayudantes, doctorandos de la Facultad y de profesores de la Escuela de Derecho, Sede Puerto Montt de la UACh.
El Seminario Austral de Derecho constituye un foro de discusión académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, en el cual se abordan temas relacionados con el ámbito jurídico.
El objetivo es constituir un foro de debate intelectual permanente en el que se analicen los trabajos de investigación tanto de docentes de la Facultad como de otras instituciones nacionales e internacionales.
La materia discutida por los académicos, en esta ocasión, expuso la tensión en la búsqueda de soluciones que aborden los problemas de las personas con discapacidad mental potenciando la toma de decisiones autónoma mediante la universalización de su capacidad jurídica. Se identifican dos clases de problemas que afectarían lo que en el trabajo se denomina la política de la universalización. La primera clase de problemas son remontables y han sido abordados ampliamente por la literatura: (1) la dependencia de la universalización de un sistema de apoyos y salvaguardias, y (2) su (in)adecuación a casos de discapacidad mental profunda y, por tanto, el cuestionamiento de su universalidad.
El siguiente grupo de problemas son relativamente originales en su aplicación a este caso y dicen relación con la utilización del derecho como medio de inclusión: se identifica (1) el impacto que tiene la juridificación de las relaciones de dependencia y cuidado; (2) la tremenda complejidad del problema al que se busca aplicar una solución jurídica simple; y (3) la dificultad de llevar a cabo la implementación de un programa de socialización de la discapacidad que es visto, especialmente a la luz de esta política de universalización, y que asimismo tiende a ser codificado por el derecho, como un problema individual. Se concluye que para abordar adecuadamente los problemas de las personas con discapacidad mental, estos problemas deben ser abordados.