El académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile (UACh) Dr. Pablo Marshall Barberán se adjudicó fondos para desarrollar su investigación en el concurso Regular 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT, en colaboración con la Dra. Yanira Zúñiga Añazco -también de la UACh- y del Dr. Guillermo Jiménez de la Universidad Adolfo Ibáñez.
El proyecto del Dr. Pablo Marshall se titula “El ejercicio de derechos fundamentales por las personas con discapacidad mental en Chile desde la perspectiva de derechos humanos”, y su objetivo es analizar, de manera crítica, la regulación del ejercicio de derechos fundamentales de las personas con discapacidad mental en el sistema jurídico chileno desde una perspectiva de derechos humanos. “Para ello se identificarán las tensiones entre la regulación nacional y las obligaciones establecidas por los instrumentos respectivos del derecho internacional de los derechos humanos (en particular, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo), y se presentará un régimen de ejercicio de derechos fundamentales que solucione adecuadamente la demanda por igual capacidad jurídica (de goce y ejercicio de derechos) y satisfaga las necesidades de apoyo y cuidado que son necesarias para dicho ejercicio”, explica el académico.
Este tema es central para la efectividad de los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lo que respecta a las personas con discapacidad mental y para el cumplimiento del deber de promoción, protección y aseguramiento de goce de derechos por parte del Estado. “Su adecuado tratamiento –dice Marshall- permitirá avanzar en la dirección correcta para poder satisfacer las promesas de la inclusión social y el respeto hacia estas personas. Asimismo, contribuiría a la eliminación de las formas de discriminación, exclusión y estigmatización de las que estas personas son víctimas”.
Agrega que para lograr este objetivo se recurrirá a tres grupos de consideraciones: “Primero, se hará una selección estratégica de propuestas teóricas que sirven para justificar la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad mental. Segundo, se analizará cómo el Reino Unido y Australia han lidiado o se encuentran lidiando más o menos exitosamente con la necesidad de adecuar sus legislaciones internas a las demandas formuladas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y tercero, se realizará un estudio en profundidad de áreas en que el ejercicio de derechos fundamentales de las personas con discapacidad mental es problemático (de participación política, sexuales y reproductivos, y libertad personas frente a internación involuntaria), con la finalidad de identificar soluciones que sean sensibles a dichos contextos específicos”.
Resultados
A nivel nacional, concursaron 1.894 proyectos y se financiaron 518 (27,3%). Su propuesta fue evaluada en el Consejo de Ciencia y calificada con 4,795 puntos, ubicándose en el lugar Nº 4 del Grupo de Estudio de Ciencias Jurídicas y Políticas. En este grupo concursaron 112 proyectos, se evaluaron 95 y aprobaron 28 (25%).
*Ver proyectos aprobados en este enlace.