Hay un creciente malestar que se presenta en formas de conflictividad social, que se expresa en el rechazo de las organizaciones políticas tradicionales por sus promesas incumplidas de inclusión social y, también, de los gobiernos que han sido incapaces de dar respuestas eficientes a las demandas ciudadanas, dada las evidentes debilidades gubernamentales para abordar la complejidad social de gobernar “desde los expertos”, lo que ha tenido innumerables costos en el logro de la cohesión social, especialmente en los procesos de privatización de las políticas sociales.
Por lo pronto, pareciera que aquellos modelos de gestión de políticas públicas imbuidos de fuerte sentido y contenido de racionalidad instrumental y delimitados alcances como constructores de una deseada cohesión social presentan fuerte evidencia de agotamiento, especialmente en un momento que la ciudadanía exige incrementar en forma sostenida mayores espacios de participación en la construcción de las políticas públicas.
Ante lo cual se visualiza, por una parte, que para alcanzar efectividad de la gestión pública en la resolución de los asuntos públicos se debe avanzar hacia un modelo de gestión público de tipo relacional. Y por otra parte, que el ciclo de las políticas públicas cuente con dispositivos formalizados de participación ciudadana, en cuanto actores corresponsables de la búsqueda eficiente, eficaz y de calidad de los problemas de bienestar social. Ello pareciera inevitable, dado que la sociedad demanda nuevos modelos de gestión y colaboración entre el Estado – en cualquiera de sus niveles – con la ciudadanía.
Sin embargo, en muchos países de la región no hay ni tradición histórica, ni su cultura política y, pocos ejemplos observables de prácticas gubernamentales que aporten modelos atingentes para la incorporación de la participación ciudadana. Lo cual es paradojal porque en las configuraciones discursos de los gobiernos se apela y estimula que la ciudadanía debe y puede participar del ciclo de la gestión de las políticas públicas.
La presencia del enfoque de la participación ciudadana en la gestión pública que se despliega en las semánticas modernizadoras desde hace ya unos años, sigue siendo un marco conceptual en busca de buenas prácticas. Las cuales lamentablemente son escasas, más bien abundan simulaciones de participación ciudadana que experiencias contundentes de configuración de un modelo relacional.
El proceso de participación ocupa un espacio institucional reducido y con baja articulación al ciclo de las políticas públicas en las que interviene. Lo pendiente es su materialización como una práctica normalizada en el sistema gubernamental.
En un contexto de urgencia por lograr gobiernos efectivos es fundamental un cambio institucional para generar, consolidar y desplegar mecanismos socio institucionales que permitan canalizar las demandas ciudadanas y construir una democracia más participativa en la toma de decisiones públicas.
Por tanto, una democracia que apuesta por fortalecerse desde y para los ciudadanos es aquella que presenta procesos vinculantes poderosos y participativos, que abre espacios para que todos y todas los ciudadanos pueden asumir y exigir sus derechos al trabajo, la seguridad social, ingreso y empleo dignos, descanso y tiempo libre, acceso a la salud y educación de calidad, vivienda, cultura y gatilla procesos consolidados de actuación en las decisiones de los asuntos públicos en los territorios.
En tal sentido, imaginamos una modernización pública en un sentido relacional. Lo que supone que el Estado asume que para dar una respuesta efectiva a los significativos problemas sociales necesita implicar y conseguir la colaboración activa de la propia sociedad con un profundo sentido de co- responsabilidad.
Ver publicación: El Meridiano de Nayarit, México 04/10/2021.