Hace casi 30 años, Chile ese sumó a los países que ratificaban la Convención de los Derechos del Niño (ONU, 1990), reconociendo con ello que el Estado debe velar por el respeto de un conjunto de derechos propios. Sin embargo, dicha convención ofrece un conjunto de desafíos que no hemos sabido abordar. Por ejemplo, la convención de los derechos del niño suele quedar supeditada al orden autoritario y a la necesidad de control sobre esta parte de la población, mal entendiendo principios básicos como el de participación social y autonomía progresiva.
Por otra parte, desde el marco político-legal se presentan propuestas que abren grietas y vacíos que permiten la vulneración de los derechos de niños, niñas y jóvenes; iniciativas como “aula segura” o “admisión justa”, apuntan a un país que pareciera construirse sobre una base de igualdad social, educativa y económica que hoy no existe. Dichas iniciativas, quieren mostrar tolerancia cero a la violencia, sin embargo, el sistema educativo hoy permite otro tipo de violencias sin un abordaje adecuado, como son el acoso (bullying), la exclusión y la segregación escolar.
Actualmente, se construye una representación social de una juventud violenta, algunos casos particulares existen, pero llama la atención el uso político que se ha dado a situaciones aisladas en centros educativos específicos. Por otra parte, se levanta el mérito como una característica que permite distinguir entre quienes son merecedores de oportunidades educativas y quienes no, revelando una ficción difícil de sostener en un país desigual como el nuestro. Iniciativas como las mencionadas, invisibilizan las demandas de nuestra población, lo cual incluye cubrir las necesidades básicas de los niños, niñas, jóvenes y sus familias, y mejorar la convivencia escolar dentro de un marco sistémico.
Necesitamos un sistema que garantice el derecho a una educación de calidad, ello debe rescatar la responsabilidad del Estado en educar a los sujetos, desde un marco de reconocimiento y valoración, entendiendo a la Educación como un espacio de justicia social. Chile requiere una proyección sobre lo que se necesita para lograr un sistema público más justo e inclusivo, que permita dejar atrás una historia de segregación y precarización que ha hecho mucho daño.
Columna publicada en el Diario Austral de Los Ríos.