Por 77 votos contra 73, la Cámara de Diputados, y en virtud de lo establecido en el artículo 52.2 de la Constitución, resolvió rechazar la acusación constitucional que la oposición había interpuesto en contra de la Ministra de Educación Marcela Cubillos. Al respecto, y más allá del resultado de la votación, resulta relevante señalar que la herramienta de la acusación constitucional nuevamente fue instrumentalizada por parte de la mayoría de nuestros parlamentarios. Esto es así, ya que la discusión de fondo, y que debía referir al análisis del mérito jurídico que tenía la acusación, quedó invisibilizada en virtud de una defensa y de un ataque que se caracterizaron por estar altamente contaminados por la ideología y por los intereses partidistas.
Esta irresponsable actitud, y que se graficó con el actuar de la mayoría de los diputados que intervinieron en la Sala, no sólo demostró la escasa rigurosidad intelectual que hay en nuestra Cámara Baja sino también una falta de entendimiento respecto a lo que es el verdadero sentido que tiene el mandato de representación que la ciudadanía les ha conferido a nuestros diputados y que no es otro que la tributación efectiva al bien común.
Desgraciadamente, la instrumentalización de la acusación constitucional no es nueva, y hoy ya se evidencia como una práctica usual en nuestro Congreso. Tanto los que atacaron los argumentos de la acusación como aquellos que la defendieron han sido víctimas en el pasado de la misma instrumentalización; lo que ha significado que -en la práctica- la acusación constitucional -como herramienta que busca establecer las responsabilidades de los ministros ante eventuales infracciones a la Constitución y a las leyes o por haberlas dejado de aplicar- hoy se presente como una alternativa de venganza política y con el altísimo potencial de ser usada estratégicamente a fin de impedir o postergar el potencial éxito de una figura política con ambiciones de competir por un cargo de elección popular.