No son pocos los grupos sociales que en nuestro país han sido invisibilizados y postergados por parte de las políticas públicas, uno de ellos son las personas mayores. En años recientes se comenzó a observar ciertos lineamientos gubernamentales orientados a abordar el envejecimiento de la población y la construcción paulatina de derechos sociales. Esto es, traducir en políticas y programas públicos acciones que se encaminen a reducir las discriminaciones y exclusiones sociales que viven las personas mayores en el país. Sin embargo, hay que ser enfático en hacer la distinción entre aquellas políticas públicas orientadas a reconocer derechos sociales de aquellas prácticas gubernamentales reduccionistas que abordan la problemática de las personas mayores como personas con necesidades que deben ser asistidas, y no como sujetos con titularidad de derechos a los cuales el estado le debe garantizar prestaciones.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015), vino a reparar una omisión del derecho internacional con respecto a dicho grupo social y, establece de forma explícita el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, la autonomía y los cuidados de largo plazo. Es un instrumento jurídicamente vinculante que genera una obligación para los Estados. Identifica múltiples vejeces, con diversos reconocimientos de sufrimiento y contribuye a considerar a las personas mayores como sujetos sociales.
La condición de vejez tiene cargas negativas y estereotipos que en sí mismo se constituyen como factores de vulneración de derechos, si a ello le adicionamos que un porcentaje significativo de nuestras personas mayores viven en la pobreza, estamos frente a una situación intolerable de discriminación y de desigualdad.
No es suficiente que desde el estado se reconozca la condición de vulnerabilidad de este grupo social, se precisa avanzar en políticas públicas que les reconozca titularidad de derechos. Solo así de dará prioridad a los temas del envejecimiento, y ello se verá reflejado en un gasto fiscal incremental.
Las universidades de la región tenemos un deber inexcusable en aportar reflexibilidad e investigación de punta que permita sustentar el diseño de políticas regionales pertinentes y eficaces para abordar interdisciplinariamente el envejeciendo y calidad de vida de nuestra población regional.