Hace tiempo que las funas se presentan como acciones necesarias, en algunos casos, porque permiten visibilizar determinadas circunstancias, pero cuestionables en otros, porque no respetan ciertas reglas básicas de lo que esperamos en una comunidad democrática. Sin embargo, es posible rastrear un tipo de funa que tuvo como fin conseguir mantener en la agenda pública el respeto por los derechos humanos: me refiero a los “escraches” en Argentina durante los años 90.
El “escrache” es el sinónimo de la funa en Argentina. Si bien, su origen es algo incierto, se trata de acciones que pretenden exponer algo o a alguien. Luego de que, a finales de los años 80, el gobierno del presidente Alfonsín dictara dos leyes que limitaron la investigación y persecución de los actos llevados a cabo por los mandos inferiores de las fuerzas militares, y luego durante el gobierno del presidente Menem, se indultaron a los condenados durante los procesos llevados a cabo bajo la idea de lograr la llamada “pacificación nacional”. A mitad de los años 90, los hijos de los desaparecidos crearon la agrupación H.I.J.O.S., y comenzaron a organizar los primeros “escraches”. Según ellos mismos señalaron, se vieron obligados a tomar una decisión luego de advertir la comodidad con la que se desenvolvían muchos de los militares condenados en este nuevo “clima democrático”. No sólo que como -se espera- los militares podían pasar desapercibidos en el día a día, sino que muchos de ellos, probablemente los que habían sido más activos durante los actos de tortura en la dictadura, participaban de programas de televisión, eran asesores públicos en materia de seguridad, mientras que otros lograron cargos públicos electivos defendiendo políticas de “mano dura”.
Esta “nueva normalidad” ganada a fuerza de la impunidad conseguida por los militares fue demasiado para estas víctimas. De este modo comenzaron a organizar los “escraches” que consistían en actos públicos que se llevaban a cabo en los domicilios de determinados militares. Estos actos públicos tenían un carácter festivo. Participaban músicos, murgas, se distribuían volantes con su foto y la información pertinente al “escrachado” (quien es, qué hizo, por qué delito fue condenado, etc.). Como el acto se publicitaba un tiempo antes y era bien cubierto por los medios de comunicación, los “escrachados” tenían la posibilidad de no estar presentes en su domicilio. Esto tampoco provocaba actos de violencia o de respuestas por parte de los vecinos o de las fuerzas de seguridad. Más allá de la pintura roja que se arrojaba al final del acto (simbolizando la sangre derramada durante la dictadura).
¿Cuál era la finalidad de llevar a cabo los “escraches”? Está claro que las motivaciones que pudieran tener quienes estaban involucrados podrían ser diferentes. Pasados más de 30 años, podríamos decir que los ‘escraches’ deberían caracterizarse como actos de reproche público. De esto modo pienso que el reproche público tiene, en algunos casos una finalidad persuasiva. Me explico. En particular en el caso de los “escraches” el reproche público tiene un doble propósito: intenta discutir moralmente con los perpetradores de los delitos, pero también pretende interpelar a los miembros de la comunidad política. Por un lado, su objetivo es modificar la actitud y conducta de los militares que fueron condenados por graves delitos penales. El “escrache” es una invitación al perpetrador de un delito a reflexionar sobre lo que ha hecho esperando su arrepentimiento o, al menos, sus disculpas. Respecto de la comunidad política se pretende persuadirlos de que es necesario modificar una decisión pública con consecuencias políticas o jurídicas. En este sentido, los “escraches” son una forma persuasiva y democrática de influir en las autoridades para que modifiquen sus políticas criminales y mostrarles que están construyendo una cadena de injusticias que necesitan ser reparadas. Los “escraches” como forma de reproche público permiten a los miembros de una comunidad tomar conciencia de los reclamos de las víctimas y es una estrategia para persuadirlas sobre la injusticia que implica la decisión judicial tomada.
Tal vez, este modo originario en el que se llevaron a cabo los “escraches” pueda tener una manera de ser interpretada análogamente a lo que sucede en muchos contextos actuales en Chile. Mi impresión es que no siempre es imperante oponerse a todas las funas para presentarse como un defensor de los derechos individuales como tampoco debería ser exigido defender cada una de estas prácticas en cualquier contexto para poder arrogarse la defensa de cualquier tipo de víctima. Sin embargo, hubo un tiempo en que la exposición pública de quienes cometieron los peores delitos de la historia de Argentina, consiguió mantener en la agenda pública estos hechos y permitió, mucho después, la reanudación de los juicios contra los militares y la restauración de cierto ideal democrático que sostuvo que los crímenes de lesa humanidad solo tienen una sola respuesta posible: juicio y castigo.
Profesor Auxiliar – Instituto de Derecho Público
Universidad Austral de Chile