Con la participación del destacado abogado constitucionalista Dr. Fernando Atria, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U. Austral de Chile realizó un nuevo coloquio académico, esta vez referido a las “Perspectivas políticas y jurídicas de la educación superior chilena”.
La actividad, en la que expusieron además los profesores de la U. Austral de Chile, Dr. Fernando Muñoz (Facultad de Ciencia Jurídicas y Sociales) y Mg. Juan Pablo Venables (Facultad de Filosofía y Humanidades), se desarrolló con gran cantidad de académicos, estudiantes y público general.
El abogado constitucionalista Dr. Fernando Atria Lemaitre, profesor de la U. de Chile y U. Adolfo Ibáñez, señaló que las universidades debieran considerarse como públicas por el hecho de ser universidades, más allá si son estatales o privadas.
Respecto de la autonomía de las universidades, el Dr. Atria manifestó: “la Constitución de 1925 tenía tres incisos sobre Garantías relativos a las universidades y en la discusión actual no aparece que las universidades tenían un régimen constitucional garantizad, para estatales y privadas reconocidas por el Estado, el punto central es que si esta disposición estuviera hoy contenida en una ley ésta sería inconstitucional, porque atentaría el derecho de dominio. Cabría preguntarse por qué la Ley va a disponer que la universidad sea autónoma de su dueño? porque cuando uno habla de autonomía en este contexto se entiende que se refiere a autonomía del Estado. Lo que hay aquí en realidad es una idea de que la universidad -para ser tal- necesita un régimen de autonomía, lo que se manifiesta en tres cosas bastante obvias: autonomía administrativa y académica, en el sentido de estar entregada a ella misma para gobernarse; requiere un financiamiento que asegure la posibilidad de desempeñarse como universidad; y estatuto del académico como régimen de los miembros de la comunidad universitaria para perseguir la verdad donde sea que los lleve”.
El problema de la autonomía de las universidades estatales hoy en día en un problema interno del derecho administrativo y el de las universidades privadas es un problema de la ley de dominio, estableció el académico. “El problema hoy en día es que la noción de lo público se ha devaluado a tal punto que incluso los órganos estatales actúan como privados (… ) el régimen bajo el cual funcionan las universidades públicas es casi el mismo de las corporaciones privadas, ya que se financian básicamente vendiendo servicios en el mercado”, indicó.
“Lo que caracteriza al sistema universitario antes del ’80 es que la expresión de universidad pública es redundante, es decir, las universidades pueden ser públicas en el entendido de que son un espacio de búsqueda desinteresado de la verdad, donde la idea de autonomía está presente y no al servicio de una agenda particular ni al servicio de ningún interés que no sea estrictamente universitario. Un ejemplo es la historia de la Universidad de Chile, que pasó de ser prácticamente un servicio público sujeta a la dependencia del Presidente de la República a una universidad de total autonomía a cualquier otro poder extra universitario”, dijo al referirse que se necesita de un régimen que garantice entonces la autonomía real universitaria, “ya que hay universidades que se sienten independientes y otras que saben que están al servicio de sus controladores”.
“Lo que uno podría pensar que funcione hoy día es un régimen similar al que existía antes de 1980, donde una universidad no es prioridad por ser estatal, un modelo que permita la transición de la universidad y que fruto de su desarrollo interno llegue a un punto que evolucione y se trasforman en una universidad real”, reflexionó el Dr. Atria.
Modelo Universitario
El Dr. Fernando Muñoz León, profesor de derecho constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UACh, expuso siguiendo su línea investigativa que trata de determinar regímenes de lo público, también desarrollada por el Dr. Atria. “¿Cuál es el régimen que debiera caracterizar a una universidad pública? Yo no creo que lo público sea lo que no es de nadie, sino aquello que beneficia directa o indirectamente a todos. Por ello creo que una universidad que beneficia a todos debiera caracterizarla conceptos o principios de servicialidad, profesionalización y participación”.
El profesor Muñoz definió a una universidad pública como aquella que es parte de la solución del problema y no sólo se queda como parte de ese problema, asumiendo el compromiso de fomentar la movilidad e inclusión como parte de su docencia. El profesionalismo también lo abordó desde el aspecto de que cuente con profesionales como docentes a tiempo completo con exigencias, como uno de los requisitos fundamentales.
“Por otra parte, la participación debe ser entendida no sólo dentro de la comunidad universitaria, sino también con el entorno en que está inserta. Que tenga un régimen de autonomía para que se constituya como un pueblo que se autogobierne (…) si uno se plantea la necesidad de autonomía uno llega naturalmente a la idea de que a raíz de la reforma universitaria se establece el concepto de autogobierno”, señaló.
Siguiendo con un modelo de universidad, el profesor de derecho constitucional dijo que “si una universidad se dice pública debe haber un espacio de participación de la comunidad nacional y local en ella; porque en el fondo, la universidad no debiera estar sólo para beneficiar a estudiantes y profesores, sino también para que se canalicen beneficios al resto de la sociedad, como uno de los objetivos de la investigación y la producción universitaria: tratar de solucionar problemas sociales de la comunidad”.
El sociólogo Mg. Juan Pablo Venables Brito, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades UACh, expuso sobre el rol regulador del Estado, refiriéndose a los procesos de Licenciamiento y de Acreditación. “El Ministerio no tiene mayor injerencia sobre la educación superior; sólo a través de los entes reguladores como son el CNED (Consejo Nacional de Educación) y la CNA (Comisión Nacional de Acreditación). Los dos organismos que tiene el Estado en Chile para regular la educación superior funcionan bajo la lógica de un grupo de notables, con un directorio o consejo que toman las decisiones y se basan en eso más que en estándares”, indicó.
“La característica principal del sistema de la educación superior hoy es la desregulación. El sistema de acreditación perseguía establecer un nivel mínimo de regulación, pero terminó siendo un sistema de status o privilegio; o sea, una universidad que obtiene 7 años de acreditación respecto de una que sólo obtuvo 3 sólo se diferencian por una cuestión de stataus, porque por ejemplo siguen accediendo igualmente al mismo financiamiento del CAE”.
Sobre el financiamiento de la gratuidad en la educación el profesor Venables planteó interrogantes: “si se van a financiar a las institucione,s cómo se regula para evitar el mal uso de los recursos del Estado? Si se financia a la oferta, sólo se le entregarán vouchers a aquellos que decidan estudiar en universidades estatales o también a quienes estudien en universidades privadas que tiene lo que se denomina vocación pública?».
“La actual institucionalidad para regular este sistema es débil y no cuenta con atribuciones importantes que le permitan efectivamente funcionar. De alguna manera lo que hay es una lógica de bien individual de mercado , donde el Estado asegura que no seamos estafados y que se pueda tener una cierta reparación, pero donde la educación no se ve como un bien social, como un bien colectivo supraindividual. Si el actual Gobierno quiere efectivamente cambiar esa lógica -y la educación deje de ser un bien de consumo y sea un derecho- se necesitan reformas más profundas que las planteadas hasta hora. No basta con reparaciones ex-post, no basta con una reparación en el mercado”, señaló.
Al finalizar su intervención, el profesor Venables se manifestó contrario a creer que la solución para asegurar el buen funcionamiento de las universidades es que todas sean estatales.
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